En 2021 Caicedo dio un contrato por $12 mil millones a Fundación San José: exigía “enseñar japonés”

La Fundación Universitaria San José vuelve a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, por un contrato adjudicado en 2021, durante el gobierno de Carlos Caicedo en la Gobernación del Magdalena, en el que la institución recibió más de $12 mil millones para un programa de alfabetización que otorgaba puntaje adicional por ofrecer formación en japonés.

La controversia fue reactivada por la representante a la Cámara Cathy Juvinao, quien cuestionó con dureza ese componente del contrato. “Imagínense contratar a la Fundación Universitaria San José para que le enseñe japonés a la población más pobre y vulnerable de los municipios del Magdalena que no saben escribir ni leer español”, afirmó.

El proceso corresponde a la licitación pública LP-005-2021. Su objeto era apoyar a la Secretaría de Educación del Magdalena en la implementación del programa educativo flexible de alfabetización, mediante el modelo “A Crecer”, dirigido a jóvenes, adultos y personas mayores en condición de vulnerabilidad en municipios priorizados.

En los estudios previos aparece un apartado denominado “Factor de calidad”. Allí se establecía que los proponentes podían obtener puntos adicionales si ofrecían formación en dos idiomas —inglés y japonés— con entidad certificada, además de acreditar un modelo educativo flexible aprobado por el Ministerio de Educación.

Aunque el japonés no era un requisito obligatorio, sí sumaba en la evaluación final. Ese detalle es el que hoy genera cuestionamientos, teniendo en cuenta que el programa estaba enfocado en población vulnerable de municipios como Aracataca, El Banco, Plato y Remolino.

“Si la lengua oficial de esos municipios fuera el japonés, se entendería, pero es el español”, agregó Juvinao, quien también criticó la estructuración del proceso. Según afirmó, se trató de “una licitación pública que realmente fue tipo sastre, visiblemente amañada”.

La Fundación Universitaria San José terminó ganando el contrato.

La denuncia se da en medio de otros señalamientos contra la institución, incluida la investigación por la expedición de títulos presuntamente irregulares y la revisión de contratos millonarios suscritos con entidades públicas. Además, el reciente anuncio del Ministerio de Educación sobre medidas “preventivas” —sin intervención directa— ha sido considerado insuficiente por algunos sectores.