Cartel de diplomas: con títulos irregulares, funcionarios habrían ingresado al Gobierno Petro

Una grave denuncia sacude al Gobierno nacional tras revelarse la existencia de un presunto “cartel de diplomas irregulares” que habría permitido el ingreso de funcionarios y contratistas a por lo menos 16 entidades del Estado durante la administración de Gustavo Petro. La alerta fue lanzada por la representante a la Cámara Cathy Juvinao, quien aseguró que los títulos cuestionados habrían sido expedidos por la Fundación Universitaria San José.

De acuerdo con la investigación presentada por la congresista, entre 2023 y 2025 se habrían identificado al menos 24 personas cuyos diplomas profesionales o tecnológicos presentarían irregularidades graves, pese a haber sido utilizados para acceder a cargos públicos. Estas contrataciones, según el informe, le habrían costado al Estado más de 1.100 millones de pesos en salarios y honorarios.

La verificación adelantada por el equipo de Juvinao detectó dos modalidades principales. En la primera, seis personas obtuvieron su título sin que exista registro de haber presentado la prueba Saber Pro, examen obligatorio en Colombia para acceder a un grado profesional. En la segunda, 18 funcionarios sí presentaron el examen, pero lo hicieron después de haberse graduado, lo que contraviene la Ley 1324 de 2009 y la normativa vigente que exige aprobar esta prueba antes de la expedición del diploma.

Los títulos cuestionados habrían sido utilizados para vincularse como asesores, analistas, instructores y técnicos administrativos, en cargos que exigían formación profesional certificada. Entre las entidades salpicadas por la denuncia figuran el SENA, que concentra el mayor número de casos, así como la DIAN, el DANE, la Unidad Nacional de Protección, el Invima, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, la Aeronáutica Civil, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Dapre y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otras.

En algunos casos, los hallazgos indican que una misma persona habría tenido contratos simultáneos o consecutivos en más de una entidad, mientras que en otros se advierte que los funcionarios ya estaban vinculados al Estado antes de la fecha oficial de grado de los programas académicos que posteriormente reportaron.

Uno de los episodios más llamativos es el de un funcionario que figura con cuatro títulos profesionales obtenidos el mismo día, en áreas como Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional. Sin embargo, solo aparece registrada una prueba Saber Pro, pese a que la normativa permite homologarla para un máximo de dos programas. Aun así, el funcionario se encuentra vinculado a la DIAN desde octubre de 2023, con un salario cercano a los 4,6 millones de pesos mensuales, antes de la supuesta obtención de los títulos.

Para la representante Juvinao, estos hechos indicarían que el caso no sería aislado, sino parte de un esquema más amplio que pone en entredicho los controles del Ministerio de Educación, el Icfes y los procesos de verificación de requisitos en las entidades públicas. Por ello, hizo un llamado a la Procuraduría General, la Fiscalía y el Ministerio de Educación para que adelanten investigaciones disciplinarias, fiscales y penales, y determinen si hubo detrimento patrimonial y posibles devoluciones de recursos públicos.

La congresista también pidió esclarecer si existen más casos similares en otras entidades del orden nacional o territorial, y quiénes deberán responder por las irregularidades detectadas, en un escándalo que vuelve a poner bajo la lupa la transparencia en la contratación estatal.