ELN declara objetivos militares y asegura que "seguirá corriendo sangre en el Catatumbo"

En medio de la creciente violencia en la región del Catatumbo, el Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado en el que declara como "objetivo militar" a mototaxistas, comerciantes y empresas como Ecopetrol, Disico y CENS.

El grupo armado acusa a estas personas y organizaciones de colaborar con las disidencias de las FARC, lideradas por el llamado "comandante Richard". Según el ELN, mientras este cabecilla no se entregue, “seguirá corriendo sangre en el Catatumbo”.

En su declaración, instaron a los habitantes de Tibú, El Tarra y municipios vecinos a cesar cualquier presunto apoyo financiero a las disidencias, bajo la amenaza de represalias. Las empresas mencionadas también fueron señaladas de realizar negociaciones clandestinas con el líder disidente, y el grupo insurgente exige explicaciones, manteniendo bajo presión sus operaciones.

La escalada de violencia ha dejado más de 30 muertos en los últimos días, incluidos excombatientes del Acuerdo de Paz. Además, la Defensoría del Pueblo reportó desplazamientos forzados y confinamientos que afectan gravemente a la población civil, incluyendo menores de edad y personas con discapacidades.

Suspensión de diálogos con el ELN

Ante estos hechos, el presidente Gustavo Petro anunció este viernes 17 de enero la suspensión de las negociaciones de paz con el ELN, argumentando la falta de voluntad del grupo armado para alcanzar acuerdos.

“La situación en el Catatumbo constituye crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, afirmó el mandatario a través de su cuenta en X.

El proceso de paz, retomado en 2022, ya enfrentaba dificultades debido a acciones violentas y desacuerdos en las negociaciones. Sin embargo, la reciente ofensiva en el Catatumbo, que incluye enfrentamientos con disidencias, asesinatos de excombatientes y ataques a la infraestructura, marcó un punto de quiebre para el Gobierno Nacional.

Líderes sociales y defensores de derechos humanos han solicitado medidas urgentes para proteger a la población y garantizar el acceso a bienes y servicios básicos en esta región.