Santa Marta ya cuenta con política pública de discapacidad
El secretario de Promoción Social, Inclusión y Equidad, David Farelo Daza; radicó este martes 26 de noviembre en el Concejo del Distrito de Santa Marta la política pública de discapacidad: ‘Santa Marta Incluyente’.
Este documento, que abarca ejecuciones para todo el periodo comprendido entre 2024 y 2033, representa un hito en la promoción de los derechos de las personas en condición de discapacidad y reafirma el compromiso de construir una ciudad más accesible y equitativa.
El acto contó con la participación de la población en condición de discapacidad, cuyos voceros celebraron este significativo avance en la garantía de sus derechos.
Durante su intervención en esta actividad, el secretario Farelo Daza destacó el esfuerzo colectivo detrás de esta política y reconoció la resiliencia de quienes diariamente enfrentan barreras. “Ellos nos inspiran a construir una Santa Marta donde nadie quede atrás y cada acción sea una muestra de respeto e inclusión”, afirmó.
Esta política pública de discapacidad fue estructurada bajo los principios de: derechos humanos, enfoque diferencial e interseccionalidad.
Además, se consolida como un esfuerzo articulado entre diversos sectores sociales que incluye cinco ejes estratégicos: transformación de lo público, garantía jurídica, participación en la vida política y pública, desarrollo de capacidades y reconocimiento de la diversidad.
Este logro, impulsado desde la Secretaría de Promoción Social, no solo elimina barreras, sino que fomenta oportunidades reales para todos los habitantes de Santa Marta, consolidando un compromiso institucional con la transformación social.
La construcción de esta política fue un proceso participativo que incluyó 36 mesas de trabajo con la activa intervención de más de 300 personas, entre las que se destacan: personas en condición de discapacidad, cuidadores, familiares y representantes de la sociedad civil.
Finalmente, cabe mencionar que el documento se alinea con normativas nacionales e internacionales, como la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
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