Nuevos cargos a Virna Johnson: esta vez por sobrecostos en centro de salud de Gaira

En septiembre de este año, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de la exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, por presuntas irregularidades en la contratación de un servicio de internet para 106 colegios de la ciudad, justo cuando las instituciones permanecían cerradas por cuenta de la pandemia de covid-19.

Ahora, este martes 19 de noviembre, el Ministerio Público profirió nuevos cargos en contra de la exmandataria por su presunta responsabilidad en irregularidades que generaron retrasos y sobrecostos en la remodelación del centro de salud de Gaira.

Y es que esta obra, iniciada en 2016 con un tiempo de ejecución de solo 10 meses, tiene ya ocho años de retraso, y bajo la administración de Johnson se autorizaron adiciones que hicieron que el centro médico pasara de costar $3.548 millones, a $5.050 millones, pese a que no estaba terminada.

En un informe periodístico de Seguimiento.co en marzo de este año, se reveló que las últimas actas del avance de obras iban en un 75%, aunque a que el contratista insistió en que ya iban en un 90%.

Lo cierto es que la obra sigue sin estar terminada, por lo que los cargos, según explicó la Procuraduría, también fueron adjudicados a quien fungía como gerente de infraestructura de Johnson, Jonatan Nieto Gutiérrez, así como al representante legal de la firma interventora de la obra, Antonio Bernardelli Garrido.

Entre los hallazgos del Ministerio Público señala que la alcaldesa  “habría omitido realizar las gestiones necesarias para que la licencia de construcción fuera otorgada antes del acta de inicio de las obras”.

También que habría suscrito el acto administrativo que viabilizó el proyecto, sin que este cumpliera con los diseños técnicos adecuados frente a la distancia mínima que debía guardar con relación a la vía de doble calzada donde se encuentra ubicado, lo que trajo como consecuencia que cuando finalmente se solicitó la licencia de construcción, esta fuera negada en dos ocasiones y que, partes de la edificación que invadieron dicho espacio, estén en riesgo de demolición.

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Otras falencias que se habrían omitido a la hora de ejecutar, se encontraron en los diseños hidráulicos y en el presupuesto para el sistema contra incendios.

Las faltas endilgadas a los servidores públicos fueron calificadas provisionalmente como Gravea título de Culpa Grave contra la alcaldesa; Grava a título de dolo para el gerente de infraestructura y Grave a título de Dolo para el interventor.