Mineducación anuncia pliego de cargos en contra de la Fundación Universitaria San José

La Fundación Universitaria San José, se ha convertido en el epicentro de la nueva crisis gubernamental, luego de encontrarse inmerso en un presunto ‘cartel de diplomas’, en la que se mercantilizaban títulos universitarios exprés, a funcionarios del Gobierno Nacional para legalizar sus nombramientos.

Ante las exigencias de sanciones, finalmente el ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció que próximamente se emitirá un pliego de cargos en contra de la Fundación Universitaria, luego que se adelantara una fase de inspección y vigilancia desde marzo de 2025, que confirmó anomalías en la expedición de títulos.

“Con el objetivo de proteger la calidad, legalidad y confianza en la educación superior, el pasado 10 de noviembre del año de 2025, el Ministerio de Educación Nacional en el marco de las funciones que le otorga la Ley 1740, apertura proceso de investigación contra la Fundación de Educación Superior San José, directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, ex secretario general o cualquier persona que haya ejercido la administración y/o el control de la institución de educación superior, con el fin de verificar el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior” indicó Mineducación.

Anunciando también, que esta cartera, a través del grupo de Medidas Preventivas de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, viene ejecutando las revisiones pertinentes para determinar las acciones en materia preventiva que sean conducentes para garantizar la adecuada continuidad de la prestación del servicio público educativo en condiciones de calidad.

“Es necesario resaltar que todas las actuaciones administrativas efectuadas por el Ministerio de Educación Nacional obedecen a los preceptos legales y constitucionales, así pues, esta entidad al tomar las decisiones respectivas en el marco de procesos sancionatorios o en la adopción de medidas preventivas o de vigilancia especial, se basa en el debido proceso establecido en la Constitución Política de Colombia y las leyes correspondientes” indicaron.