Contralor advierte riesgos por desabastecimiento energético en Colombia

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, ha emitido una advertencia dirigida al Ministerio de Minas y Energía sobre los riesgos inminentes que enfrenta Colombia en materia de seguridad energética y económica.

Según el estudio "Seguridad y Confiabilidad Energética en Colombia (2010-2026)", el país podría enfrentar un desabastecimiento energético con graves consecuencias si no se toman medidas inmediatas. Esta alerta pone de manifiesto la necesidad de implementar acciones urgentes para evitar un deterioro en la estabilidad económica y social.

Uno de los principales riesgos señalados es la reducción en los ingresos nacionales debido a la caída en la producción de hidrocarburos y minerales. Esto afecta directamente las regalías y las exportaciones, lo que a su vez disminuye los ingresos fiscales del Estado. Esta situación amenaza con limitar la capacidad del gobierno para financiar proyectos sociales y de infraestructura, lo que tendría un impacto negativo en el desarrollo del país.

Asimismo, la posible necesidad de importar combustibles debido a un eventual desabastecimiento interno incrementaría los costos, obligando al Estado a destinar mayores recursos a subsidios para mantener accesibles los servicios básicos. Este escenario pone en riesgo el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de estos subsidios.

Otro aspecto crítico es la pérdida de inversión extranjera directa, consecuencia de la falta de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y carbón. Esto no solo debilita el Producto Interno Bruto (PIB), sino que también afecta la estabilidad del peso frente al dólar, incrementando la presión sobre la economía nacional. A esto se suma el creciente déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el cual ya acumula un desfinanciamiento cercano a 100 billones de pesos. La necesidad de cubrir este déficit con recursos del Presupuesto Nacional podría agravar aún más la situación fiscal.

La advertencia también subraya las implicaciones sociales de estos riesgos. La disminución de ingresos estatales limitaría la capacidad del gobierno para cumplir con sus metas de inversión social, lo que afectaría directamente a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

El encarecimiento de los combustibles y la energía podría aumentar el costo de vida, forzando a muchas familias a recurrir a fuentes de energía menos eficientes y más contaminantes, como la leña. Además, la caída en las reservas de hidrocarburos podría derivar en racionamientos energéticos, con efectos negativos tanto para los hogares como para la industria.

Ante este panorama, la Contraloría ha instado al Ministerio de Minas y Energía a tomar medidas inmediatas para mitigar los riesgos identificados. Entre las acciones recomendadas se encuentran la promoción de nuevos contratos de exploración, la diversificación de la matriz energética y una mejor gestión de los recursos destinados a subsidios.