Después de 30 años, el barrio Ayapel contará con servicio de gas

En un logro para la comunidad del barrio Ayapel, más de 200 familias se beneficiarán de la instalación de una red de gas natural, fruto de una acción popular interpuesta por la Clínica Jurídica de la Universidad del Magdalena.

El proceso comenzó cuando la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Mayerli Jaraba Ternera, expuso la situación de carencia de servicios públicos en el barrio ante la Universidad. La Clínica Jurídica, en respuesta, realizó una revisión de los títulos de propiedad de los residentes y avanzó con las gestiones legales necesarias, lo que finalmente llevó a la sentencia favorable emitida por un juez.

“La Universidad del Magdalena nos ha ayudado muchísimo. Estamos muy agradecidos. Ya tenemos un gran inicio y nos da felicidad ver que Gases del Caribe ya está trabajando. Sabemos que esto será un hecho”, expresó Jaraba, destacando el impacto positivo de la intervención de la Alma Mater.

La empresa Gases del Caribe inició las obras de instalación de la red de gas, lo que representa un avance crucial para la comunidad. Antes de esta gestión, la empresa había informado a los residentes que la instalación se llevaría a cabo en un plazo de dos años, lo que generó descontento y llevó a la intervención de la Clínica Jurídica.

Residentes como Liliana Aguabita Vaquero también expresaron su agradecimiento: “En nombre de todos los habitantes queremos agradecerles por prestarnos esta ayuda, sin ustedes no hubiésemos podido. Hemos tratado de hacerlo solos, pero ha habido muchos inconvenientes y trabas. Gracias a la Universidad por todo el apoyo”.

La Clínica Jurídica, dirigida por la abogada Melina Quintero Santos, es una estrategia pedagógica del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de UNIMAGDALENA, dedicada a la protección de los derechos constitucionales de las comunidades. “La Clínica Jurídica se dedica a temas de pedagogía jurídica para preparar a los estudiantes en la elaboración de derechos de petición, acciones de tutela y acciones constitucionales”, afirmó Víctor Segura Correa, docente asesor de la dependencia.