Las ‘camisas de fuerza’ en los pliegos para la adjudicación del PAE en Santa Marta

Para este 17 de enero a las 10:00 am, fue citada la audiencia para la adjudicación del contrato del Programa de Alimentación Escolar de Santa Marta, que este 2024, está por el orden de los 27.289 millones de pesos.

Ad portas de surtirse este proceso, Seguimiento.co tuvo acceso a varios cuestionamientos sobre el pliego de condiciones, desarrollado en noviembre de 2023 por el gobierno de Virna Johnson, para la celebración y adjudicación del millonario contrato.

Y es que básicamente, el documento establece condiciones incoherentes y absurdas, que no llevan más a incidir en un posible amañamiento del contrato, debido a que las exigencias para este 2024, solo podrían ser atendidas por el mismo operador que venía operando el gobierno pasado, hoy representadas en UT TSAMPA.

En las 101 páginas que conforman el pliego de condiciones de este proceso de licitación pública, se exige que el contratista presente un indicador de patrimonio del 150% respecto del presupuesto oficial, cuando normalmente la exigencia es solo de un 50%.

Y teniendo en cuenta que el contrato es de más de $27 mil millones, básicamente condicionan que el aspirante tenga $40.934.756.115.

Otro de los aspectos centrales sobre estos exorbitantes requisitos, consiste en la exigencia de acreditar 300 colaboradores como manipuladores de alimentos, listos para iniciar la operación, así como un contrato de arrendamiento con una bodega de almacenamiento de alimentos, solo durante el proceso de participación.

“También se podrá acreditar la bodega con un contrato de arrendamiento, el cual debe estar vigente al momento de la presentación de la propuesta, anexando folio de matrícula inmobiliaria del inmueble, donde conste que quien suscribe el contrato sea el propietario o tenga la administración del inmueble” dice el pliego de condiciones en el numeral 6.2.

En otras palabras, están exigiendo toda una maquinaria operativa costeada, cuando solo se está cursando el proceso de selección. Y, en efecto, entre los tres proponentes solo es una la empresa que puede responder a las demandas y es el operador pasado.

Es importante mencionar, que estas excentricidades fueron puestas en conocimiento de la actual administración distrital por parte de la ‘Asociación de Red de Veeduría Ciudadana Colombia Transparente’ quien pidió suprimir estos parágrafos.

Además de dejar en claro que el anterior operador, UT TSAMPA, presentó dos propuestas económicas que por ley, deberían ser motivo para quedar por fuera del proceso.

“Revisada la propuesta económica virtuales en la plataforma secop ii se puede verificar que presenta dos propuestas económicas así: una por valor de $ 27.289.837.410.00 y otra anexa 3 por $ 27.279.292.000 el cual anexamos copia soporte plataforma secop ii” dicen las observaciones de la Veeduría.

Experiencia con limitantes

A esto, se le suma que en el inciso donde se habla de la ‘Certificación de cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales’, se exige que al momento de la presentación de la propuesta, el proponente certifique “el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses”, es decir, que ya tiene que estar vinculados a este tipo de operaciones para responder a tal exigencia.

Este hilo de pretensiones tan específicas no termina ahí, y se demuestra, por ejemplo, en las hojas de vida que se exigen al operador.

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Quien participe en el concurso, debe presentar la hoja de vida de un coordinador que tenga experiencia de más de 10 años, de los cuales 6 deberán corresponder a trabajos en programas PAE.

Esto no tendría nada de extraño, si en ese mismo parágrafo se estipulara que tal experiencia de seis años, debe haber sido efectuada en máximo tres contratos.

Situación similar ocurre cuando al solicitar la presentación de un profesional en nutrición y dietética, del asesor jurídico y del coordinador de gestión social, donde se colocan limitantes de contrato para demostrar su experiencia.

Teniendo en cuenta este panorama, resulta cuestionable que se siga adelante con la adjudicación del contrato, pues a todas luces, no hay garantías que soporten el proceso.