Fiscalía imputará a cuatro policías que estarían involucrados en 'chuzadas'

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra del capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y los patrulleros Jhon Fredi Morales Cárdenas y Dana Alejandra Canizales Bonilla, como presuntos responsables de los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público e interceptación ilícita de comunicaciones.

La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que los integrantes de la Policía Nacional, en ejercicio de sus cargos, estarían involucrados en diferentes actuaciones irregulares para obtener las órdenes de interceptación de las comunicaciones de dos exempleadas de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres.

En ese sentido, el capitán Correa Loaiza y el patrullero Morales Cárdenas presuntamente utilizaron información falsa para solicitar a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Quibdó (Chocó), aval para intervenir dos líneas telefónicas que serían de alias La Madrina y alias La Cocinera, dos señaladas colaboradoras del ‘Clan del Golfo’.

Los elementos de prueba indican que los dos números celulares en realidad pertenecían a Marelbys Meza Buelvas, exniñera de la casa de la exjefe de Gabinete; y a otra mujer que cumplió funciones domésticas para la funcionaria.

De otra parte, las evidencias dan cuenta de que el intendente Quinchanegua y la patrullera Canizales Bonilla, al parecer, con documentos falsos lograron que un fiscal de hurtos de la Seccional Bogotá ordenara intervenir las líneas celulares de Marelbys Meza y una persona muy allegada a esta, como parte de una investigación por la pérdida de un dinero en el lugar de residencia de la señora Sarabia Torres.

La Fiscalía estableció que los uniformados habrían inducido en error a los fiscales, quienes creyeron en sus solicitudes; y a los jueces de control de garantías que legalizaron las interceptaciones.