Dan $1.200 millones para clases de niños con discapacidad, y ya acabó el año escolar

Por un monto exacto de mil 200 millones 867 mil pesos, el 18 de noviembre de 2022 la Gobernación del Magdalena adjudicó un contrato cuyo objeto sería el de “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer la implementación de estrategias educativas de inclusión con calidad para estudiantes en condición de discapacidad en los 28 municipios no certificados del Magdalena”.

Sin embargo, a la fecha en el que fue adjudicado el contrato, ya concluía el año académico, por lo que resulta inentendible, pues ya los menores con discapacidad no iban a estar en las instituciones.

Además de los tiempos en los que fue adjudicado el contrato, resultó también llamativo las incoherencias entre los parámetros descritos en el proceso competitivo de selección y las especificaciones técnicas del mismo.

En el primer ítem, publicado el 11 de octubre, se habló que la convocatoria se haría para una entidad y fundación que brindara “capacitaciones a madres y padres de familia y cuidadores en conocimientos básicos para atender y a ayudar a sus niños con condiciones especiales”.

Pero, en las especificaciones técnicas, no se mencionó en absoluto capacitaciones técnicas a padres o cuidadores, sino que por el contrario se explicaba que el objeto de la contratación era “formar docentes, directivos docentes y entes territoriales en el PIAR y DUA y su implementación en las instituciones educativas”.

En ese sentido, surgen los interrogantes de ¿por qué adjudicar un contrato con ese objeto cuando finaliza el año escolar? ¿el objeto es capacitar a padres y/o cuidadores o a docentes? ¿en qué tiempo se adelantarían estos ciclos formativos?

Si bien, por el alto monto del contrato adjudicado a la Fundación para el Desarrollo Social Salud para la Vida, se pensaría que es una labor que se realizaría a partir del próximo año, cuando ya los directivos y docentes retomen sus labores, esto no es así. La vigencia del millonario contrato es el 31 de diciembre de este año.

Según menciona el abogado y docente Edward Torres, con esta adjudicación tardía son al menos 4.801 niños con discapacidad los que resultan afectados, pues durante todo el año escolar de 2022 las instituciones educativas se vieron desprovistas de recursos para contratar personal idóneo y capacitarse en competencias básicas para otorgarles educación de calidad.

Otra ineficiencia más de Gob-Caicedo: apenas el 18 nov. 2022, cuando ya terminaron actividad los colegios, adjudicó contrato de "educación para estudiantes con discapacidad o talentos excepcionales”. Una burla más contra población más vulnerable que merecen otro trato. Por Dios! pic.twitter.com/WG4LakkpLz

— El Profe Edward (@EDWARDRUIDIAZ) December 13, 2022

Lo más preocupante es que esta situación ya se había advertido en la ciudad de Santa Marta, pues en el Concejo Distrital se denunció que la Alcaldía a través de la Secretaría de Educación ni siquiera había procedido con la contratación de intérpretes para la asistencia de clases a menores con discapacidad auditiva.

En congruencia, los niños decidían no ir a clases. El Estado fallándole a menores que son sujetos especiales de protección.