Avanza acción ciudadana para el desmonte de las cámaras de fotomultas en Santa Marta

El abogado y administrador de empresas, Jorge Iván Sánchez, hizo pública la petición presentada a la Personería Distrital de Santa Marta y a la Procuraduría General de la Nación, para que en el marco de una actuación preventiva, decretaran medida de suspensión sobre la operación de las cámaras de fotomultas en Santa Marta.

¿La razón? De acuerdo con los parámetros fijados en la Ley 1843 de 2017 y la sentencia C-038 de la Corte Constitucional, las cámaras deben contar con un sistema de individualización del infractor, protegiendo así el derecho de los actores viales.

Las cámaras instaladas en esta ciudad, no cuentan con este sistema, por lo cual con la suspensión de las cámaras, estas no deben instalarse hasta cuando cumplan con los parámetros requeridos por la ley. De esa forma, palabras más, palabras menos: las cámaras deben cambiarse para ser legales.

Sin embargo, Sánchez ratificó, que actualmente en la Personería Distrital avanza un oficio para poner en cintura a la Alcaldía Distrital de Santa Marta y la Secretaría de Movilidad Multimodal, siendo esta la oficina encargada de la administración de las cámaras por parte de la entidad territorial.

Por lo cual, sostiene que no le extraña el reciente anuncio del secretario de Movilidad, Juan Carlos De León, anunciando que inició el desmonte temporal de dichas cámaras para evitar que sean vandalizadas en el marco de las protestas que se han venido adelantando en el paro nacional. Para Sánchez, esto solo se trató de anticiparse a lo que muy seguramente ordenará el Ministerio Público: la suspensión de la operatividad del sistema.

Por último, es importante mencionar que por medio de estas acciones jurídicas, no solo se busca hacer cumplir la normativa para el sistema de fotodetección en la ciudad, sino también, entrar a reestructurar la manera en la que son administrados.

Pues, las cámaras de fotomultas, fueron legalizadas en el país como un mecanismo para disminuir la accidentalidad, por ende, los recursos obtenidos a partir de esta, deben estar enfocados en el desarrollo de una política pública de educación vial, hecho que está relegado por completo.

En cambio, en Santa Marta, según denuncia Sánchez, la mayoría de los recursos se quedan en la concesión privada del Siett, favoreciendo a particulares en vez de a la ciudadanía.