Santa Marta, la ciudad donde crecieron más los comparendos al transporte informal

La Superintendencia de Puertos y Transporte reveló que –entre enero de 2015 y septiembre de 2016– las autoridades de Tránsito impusieron 71.753 comparendos en todo el país, por un valor de $43.161 millones, asociados con la prestación de servicios de transporte público no autorizado, práctica ilegal mejor conocida como transporte informal o ‘pirata’.

El 88 por ciento de los vehículos que cometieron esta infracción son de servicio particular (63.314), el 8 por ciento de servicio público (5.815) y el 4 por ciento restante pertenecen a otras modalidades (2.603).

Las ciudades con mayor imposición de estos comparendos (periodo 2015 y ene-sept. de 2016) son Barranquilla, con 6.221 infracciones, para un 9 por ciento de participación nacional; Bucaramanga (6.077) (8%); Cali (4.865) (7%), Medellín (3.268) (5%), Cartagena (2.612) (4%), Cúcuta (2.042) (3%), Bogotá (2.040) (3%), Montería (1.883) (3%), Santa Marta (1.855) (3%) y Valledupar (1.669) (2%).

Las de mayor incremento son Santa Marta: pasó de 390 a 1.465 (+273%); Pasto: estaba en 174 y llegó a 273 (+57%); y Barranquilla: el año pasado tuvo 2.617 y este año va por 3.604 (+38%).
La imposición de comparendos bajó en San Andrés (-90%: de 194 a 15), Montería (-76%: de 1.519 a 364), Cartagena (-72%: de 2.040 a 572), Tunja (-56%: de 107 a 47), Villavicencio (-48%: de 350 a 183) y Bucaramanga (-43%: de 3.881 a 2.196)

En cuanto al estado de los 71.753 comparendos impuestos ($43.161 millones), la Supertransporte estableció que los infractores apenas han pagado 17.067 (23,7%), por un valor de $6.983 millones; 44.205 (61,6%) están en proceso de fallo ($29.274 millones); y 6.485 (9%) se encuentran en otros trámites administrativos ($4.263 millones).

El 5,7 por ciento de los comparendos impuestos en dicho periodo (3.996), que equivalen a $2.642 millones, caducaron debido a la falta de gestión administrativa de los Organismos de Tránsito; en consecuencia, miles de conductores quedaron impunes tras haber cometido la infracción, y seguramente hoy siguen ‘pirateando’ en las principales ciudades del país.

Estas cifras obtenidas por la Supertransporte, tras una visita de inspección al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), evidencian que las Secretarías de Tránsito y Movilidad a nivel nacional estarían incumpliendo con su obligación de suspender inmediatamente la licencia de los conductores de vehículos particulares sancionados por infringir esta norma, tal como lo ordena el Código Nacional de Tránsito.

De 71.753 conductores sancionados solo se suspendieron 1.725 licencias (2,4%) y apenas se cancelaron 306 (0,4%), lo que evidencia una clara omisión del cumplimiento de esta norma.

“La falta de control por parte de las autoridades de Tránsito y Transporte permite la prestación del servicio público de transporte en vehículos que no cumplen con las condiciones de seguridad exigidas por la norma, ni cuentan con las pólizas de seguros que dan cobertura al riesgo de los pasajeros, y adicionalmente crean una distorsión del mercado que genera desequilibrio económico de las empresas habilitadas. Hoy, la informalidad es uno de los grandes problemas que afectan el transporte masivo de las ciudades”, indicó Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte.

El funcionario también advirtió que la entidad iniciará las respectivas investigaciones a todos los Organismos de Tránsito que no han aplicado la norma, los cuales se exponen a multas hasta de $137 millones; y también ordenará la suspensión inmediata de las licencias de los conductores infractores.

Esta es la razón por la cual la Alcaldía emitió un comunicado en la que informó que empezará a imponer sanciones a los conductores de Uber, pese a que en la ciudad ya esta aplicación de movilidad no está en operación.