724 exguerrilleros de las Farc perderían los beneficios del Acuerdo de Paz

Cerca de 724 exguerrilleros de las Farc pueden perder los beneficios jurídicos a los que tienen derecho tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 por desconocerse su paradero o no estar acreditados para tal fin. Así lo dio a conocer el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

"Hemos acordado con la Justicia Especial para la Paz (JEP) crear una serie de mesas técnicas de trabajo conjunto para estudiar los casos de las 724 personas y otras más que deban o no ser excluidas", dijo Ceballos, en una declaración en la Casa de Nariño.

El Alto Comisionado explicó que esos excombatientes "nunca se acercaron a firmar los compromisos" que adquirían con la JEP, encargada de juzgar los crímenes cometidos por actores del conflicto armado.

Entre tanto, la JEP sostuvo hoy en un comunicado que "la acreditación o no de los nombres presentados por los representantes de las Farc al Gobierno nacional para ser incluidos en los correspondientes listados es una tarea que la Constitución y la ley atribuyen a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz".

El pasado 15 de mayo el tribunal especial para la Paz confirmó la orden de captura emitida en abril en contra del exjefe de las Farc, Hernán Darío Velásquez, alias 'El Paisa', y aclaró que no deberá ser puesto a disposición de la justicia ordinaria.

El organismo reiteró en su momento que es "plenamente competente para ordenar la captura de Velásquez Saldarriaga por su incumplimiento de las condiciones para mantener el beneficio de la libertad".

La decisión se sustentó en que entre las condiciones para que los excombatientes gocen de los beneficios jurídicos del acuerdo de paz están la garantía de no repetición y el compromiso con la verdad y la reparación de las víctimas.

De igual manera, el Gobierno eliminó el pasado 6 de abril de las listas de personas que se acogieron a la JEP a seis narcotraficantes que buscaban someterse como supuestos miembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc.

Por último, desde 2018, cuando comenzó a operar, la JEP ha rechazado 43 solicitudes de garantía de no extradición de las 58 que ha recibido.