"Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte": Timochenko responde a De la Espriella
El exjefe de las Farc certificó su regreso luego de participar en actividades relacionadas con el Acuerdo de Paz de 2016 durante su visita a Madrid.
Los comparecientes ante la JEP participaron en actos de memoria y reconocimiento relacionados con casos ocurridos entre 1992 y 2008.
El mandatario citó la exposición del magistrado Pedro Elías Díaz, quien aseguró que investigaciones del tribunal establecieron que fueron más de 6.402 las víctimas.
Los hechos habrían tenido lugar en Magdalena, Cesar, La Guajira, Bolívar y Barranquilla.
El tribunal concluyó que el exoficial incumplió las condiciones del sistema al no entregar información relevante ni contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la reparación de las víctimas.
La familia del desaparecido líder político pidió trasladar el expediente a la Fiscalía General de la Nación.
Los hechos habrían ocurrido entre 2005 y 2008.
Juan Carlos Figueroa Suárez fue comandante del Batallón de Artillería La Popa, con sede en Valledupar.
Desde 2023, el cementerio de Saravena cuenta con medidas cautelares de la JEP para blindar los cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el conflicto.
Mujeres que han denunciado abusos, torturas y reclutamiento forzado cuestionan la decisión de la Corte Constitucional y advierten que limita la posibilidad de hacer señalamientos públicos sobre hechos aún no esclarecidos.
La JEP lo encontró responsable de 72 casos de ejecuciones extrajudiciales.
Los 34 comparecientes deberán responder en los próximos 60 días hábiles si aceptan o no los hechos atribuidos.
Salvatore Mancuso dijo que el exmandatario no tuvo relación ni responsabilidad con el asesinato del exalcalde de El Roble en 2003.
Los familiares de las víctimas criticaron que la sanción contra el antiguo Secretariado de las Farc no responde al daño causado ni cumple con los principios de justicia restaurativa.
Según el fallo se deberá también garantizar “ropa apropiada” durante los ocho años de penas restaurativas al que fueron condenados los jefes guerrilleros por los 21 mil secuestros.
Los exsoldados hacían parte del Batallón La Popa con sede en Valledupar.