Denuncian contrato por $30.000 millones para Jóvenes en Paz que dejó "amarradas" 1.270 personas
A través del decreto 0625 del 19 de junio, el gobierno Petro determinó la contribución “para financiar programas de prevención y lucha contra la explotación sexual”.
La denuncia hecha por el congresista electo Daniel Briceño, instando a los entes de control a tomar cartas inmediatas en el asunto.
El Gobierno no logró aprobar la norma exigida por la Corte Constitucional, lo que obliga al cierre de la cartera creada en 2023.
La entidad comenzó el proceso de entrega de funciones y documentos ante su posible desaparición el próximo 20 de junio.
La institución afirmó que no encontraron ningún tipo de prueba de que Guerrero haya pasado por la entidad.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó frenar temporalmente su designación tras admitir una demanda por presunto incumplimiento de la cuota de género en el gabinete de Gustavo Petro.
La designación que ha causado polémica en el país, se conoce después que el exactor porno Juan Carlos Florián asumiera como ministro de Igualdad.
Según indicó la administración municipal, la inversión irá dirigida a programas de mujeres, población con discapacidad y juventudes.
La administración distrital busca coordinar acciones en beneficio de la población habitante de calle en Santa Marta.
Aún Gustavo Petro no se ha referido si la aceptará o nombrará a otra persona en la cartera.
La vicepresidente y ministra, Francia Márquez, aseguró que se activaron todos los protocolos una vez se conoció la denuncia.
Rubén Darío Fernández murió tras intoxicarse con comida entregada en el evento de la Asamblea Nacional de Juventudes, celebrado por esta cartera.
Rubén Darío Fernández había participado de la Asamblea Nacional de Juventudes, donde 300 personas resultaron intoxicadas por comida en mal estado.
Fuentes del Gobierno confirmaron que el desembolso irregular se dio en el mes de febrero.
Cuya ministra es la vicepresidenta Francia Márquez.
Mediante colaboración entre Estado, sector privado y sociedad civil, este sistema busca garantizar derechos equitativos a las personas cuidadoras.