"Me van a pagar millón y pico": así estarían reclutando menores las Acsn y el Clan del Golfo

La defensora de derechos humanos, Norma Vera Salazar, encendió las alarmas este jueves al publicar en su cuenta de X un video con el testimonio de una abuela que denuncia el intento de reclutamiento de su nieto de 13 años por parte de un grupo armado ilegal.

En el relato, la mujer asegura que al menor le ofrecieron hasta $1.400.000 por “irse a trabajar”, una expresión que, en este contexto, apunta a ser parte de actividades ilícitas en campamentos ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta.

En la grabación, que fue difundida con la voz modificada para proteger la identidad de la denunciante, la mujer narra cómo el menor ya se estaba despidiendo de su familia y aseguraba que volvería en tres meses.

La abuela relata que, al darse cuenta de la situación, lo trasladaron a otro lugar para protegerlo, pero el joven insistió en que se iría, incluso contactando a quienes buscaban reclutarlo para que fueran por él. La familia tuvo que encerrarlo en casa y organizarse con los vecinos para impedir que se lo llevaran por la fuerza.

"Nos armamos con piedras, palos y machetes porque si se lo iban a llevar, ahí hubiera habido un muerto", dice la mujer en el audio, poniendo en evidencia el nivel de tensión y miedo que enfrenta la comunidad.

 

 

 

 

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13 denuncias recientes

Consultada por Seguimiento.co, Norma Vera confirmó que ha recibido al menos 13 denuncias recientes de intentos o casos de reclutamiento forzado en Santa Marta y municipios cercanos como Ciénaga, Zona Bananera y Pueblo Viejo. Las víctimas son niños, niñas y jóvenes de entre 13 y 22 años, en su mayoría provenientes de sectores vulnerables.

Las denuncias apuntan a dos estructuras armadas ilegales: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo). Según Vera, ambas organizaciones estarían operando campamentos en zonas rurales del Magdalena y reclutando jóvenes con promesas de dinero, afectando especialmente a aquellos con problemas económicos, en condición de desescolarización o consumidores de sustancias psicoactivas.

“El reclutamiento forzado es una forma de trata de personas y está tipificado como crimen de lesa humanidad. Lo preocupante es que estas organizaciones siguen violando el Derecho Internacional Humanitario mientras buscan ser incluidas en procesos de paz”, señaló Vera.

La defensora explicó que el modus operandi consiste en llevar a los menores a zonas controladas por los grupos armados, entrenarlos durante un mes y luego permitirles comunicarse con sus familias. Después de este periodo, son incorporados de forma definitiva a las filas criminales.

 

 

 

 

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Vera hizo un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales, incluyendo a la Defensoría del Pueblo, al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, y a las entidades encargadas de seguridad y protección de la niñez. Criticó que las medidas actuales, como charlas y campañas puntuales, no están siendo suficientes para prevenir el reclutamiento.

“El Plan Integral de Seguridad y Convivencia no puede quedarse en discursos. Necesitamos acciones significativas que generen oportunidades reales, disminuyan la deserción escolar y enfrenten las causas estructurales que están llevando a nuestros jóvenes a estas decisiones tan graves”, puntualizó.

El fenómeno no es nuevo, pero según Vera, se ha intensificado en los últimos meses debido a una escalada del conflicto entre los grupos armados por el control de rentas criminales y la gobernanza territorial.

La situación ha sido denunciada ante organismos internacionales como la ONU, la OEA, y la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos