A Caicedo sí le tocaría ‘pagar’ arresto: decisión del juez no es apelable

El día de ayer, 1 de octubre, se conoció la decisión del Juez Promiscuo Municipal de Pivijay, Juan Carlos Bonett Pérez, en el que mediante el oficio número 0715, ordenaba el arresto durante cinco días del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por el desacato al fallo de tutela que determinaba el reintegro de Mayra Castro Brito, como gerente de la ESE Santander Herrera de este municipio.

El mandatario departamental también estaba obligado a pagar una multa de dos salarios mínimos mensuales “por desacato a lo ordenado en sentencia de tutela calendada”.

La decisión, no tardó en ser controvertida por parte de la Gobernación del Magdalena, que a través de su Oficina Jurídica, liderada por el abogado José Humberto Torres, anunció que interpondrá una denuncia penal contra el juez Juan Carlos Bonett, señalando que al calificar su fallo como inapelable está incurriendo en una extralimitación de funciones, y que además, estaría cambiando ilegalmente el artículo que reglamenta la Acción de Tutela.

Y es que según lo determinado por el juez, en caso de que la defensa del gobernador Caicedo no esté de acuerdo con tal decisión, no cuenta con herramientas jurídicas para reversarla, puesto que solo establece que podrán enviarla a instancias superiores para que sus inconformidades tramiten “el grado jurisdiccional de consulta”.

En pocas palabras, la decisión podrá ser consultada y revisada pero no suspendida, lo que dejaría al mandatario del Magdalena sin más opciones que cumplir con la orden de arresto.

Debido a estas circunstancias, José Humberto Torres sostuvo que “esa es una abierta violación de las normas que regulan la materia, dado que la decisión que impone una sanción por desacato no es apelable. Este juez de Pivijay demuestra con sus decisiones una craza ignorancia de las normas que regulan nuestro Estado social de derecho”.