Ratifican condena contra hermanos Dávila Abondano, por caso de Agro Ingreso Seguro

La Revista Cambio dio a conocer este martes, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena contra Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano, por intentar acceder de manera irregular a subsidios del programa de Agro Ingreso Seguro.

Tras 12 años de litigio, los magistrados del Alto Tribunal indicaron que sí existió tentativa de peculado por apropiación agravado, ordenándose una pena de dos años de prisión; pese a la defensa de los empresarios, quienes habían apelado la condena alegando que no habían cometido delito alguno.

Cambio recordó que el caso se remonta a 2009, cuando los Dávila presentaron dos proyectos de subsidio bajo el programa AIS para una misma finca en Aracataca, Magdalena, denominada Tequendama. Lo habrían hecho fraccionando el predio y registrándolo como si fueran dos propiedades distintas, con el fin de duplicar los recursos obtenidos.

Las solicitudes, por un total de 439 millones de pesos, fueron aceptadas inicialmente.

No obstante, el 23 de septiembre de ese año, se publicó una investigación que reveló cómo varias familias poderosas estaban recibiendo subsidios de AIS de forma ilegal, lo que generó un escándalo mediático. Bajo esa presión, los Dávila desistieron de los beneficios el 14 de octubre.

De esta manera, la Corte Suprema aseguró que fue esa denuncia la que impidió que el dinero se entregara, no un acto de voluntad de los empresarios.

Agro Ingreso Seguro, de las buenas intenciones al escándalo

El programa Agro Ingreso Seguro (AIS) fue una iniciativa del Gobierno colombiano lanzada en 2007, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y bajo la gestión del entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, cuyo objetivo era apoyar a los pequeños y medianos productores rurales mediante subsidios y créditos blandos, con el fin de mejorar la competitividad en el campo y reducir la desigualdad.

Sin embargo, el programa terminó envuelto en un escándalo nacional cuando se descubrió que familias adineradas y grandes empresarios agrícolas estaban accediendo a esos recursos de forma indebida, a través del fraccionamiento de predios y presentación de proyectos ficticios; derivando en decenas de investigaciones y condenas, incluyendo la muerte política del del exministro Arias, quien fue hallado responsable de celebrar contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado.