Por un desacato, alcalde Martínez tuvo que pagar cárcel de miércoles a jueves

La agenda que tenía prevista el alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, para el pasado miércoles en la tarde se vio abruptamente interrumpida por una inesperada decisión judicial que provino de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial: una orden de arresto por tres días y el pago de 4 salarios mínimos de multa.

Una vez que la Policía tuvo en sus manos la orden de captura, al mandatario distrital no le quedó otra que dirigirse al comando -de manera silenciosa y sin llamar la atención de la opinión pública- comenzar a pagar el desacato. Sin embargo, 24 horas después, la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente esta decisión y el mandatario recuperó su libertad.

La fugaz detención del alcalde tiene su antecedente a comienzos del año 2017, cuando una ciudadana identificada como Rosmira Mercedes Cantillo Labañino, emprendió acciones legales contra la Nación, el Ministerio de Educación, la Alcaldía de Santa Marta, la Secretaría de Educación del Distrito y el Colegio de Primaria de Taganga, para lograr que se construyera un muro en la institución educativa.

Aunque el Distrito inició en su momento las obras para la construcción a raíz de una orden impuesta por el Tribunal Superior del Distrito, el ente territorial solo logró el 50% (ver foto arriba) del muro y las baterías sanitarias, argumentando que, como dicha obra no estaba prevista en el presupuesto aprobado por el Concejo, no era tarea fácil cumplir la orden judicial impuesta.

Sin embargo, no contentos con el trabajo que había hecho el distrito con el muro de cerramiento, la ciudadana, respaldada por la Veeduría Ciudadana de Taganga, siguió adelante con las acciones judiciales, pese a que el Distrito ya había informado que, como una medida para elevar en su totalidad el muro de cerramiento, habían incluido el proyecto dentro de la modernización de toda la infraestructura educativa.

Fue así que, en septiembre del año pasado, la ciudadana radicó un incidente de desacato porque ella consideraba que no se había dado un cumplimiento total al fallo de tutela, puesto que el cerramiento fue de medio muro, mas no el muro completo.

Tras ires y venires en las distintas instancias judiciales, finalmente la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta sancionó al alcalde por desacato, así como al Secretario de Educación y al colegio de Taganga.

Sin embargo, tras una acción de tutela que inició el alcalde en contra de las decisiones sancionatorias, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió, de momento, suspender las acciones en contra del alcalde “hasta tanto se tuvieran las pruebas para adoptar una decisión definitiva”.