“Extorsión y censura electoral”: la cruda realidad de la ‘ley paramilitar’ en Villa Betel
El barrio Villa Betel, un asentamiento nacido de la migración y el conflicto armado, se ha convertido en el símbolo de la desprotección estatal en la capital del Magdalena.
En un crudo testimonio, el activista Luis Miguel Moisés reveló cómo un brazo armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra ejerce el control total de la vida cotidiana en este sector, ubicado estratégicamente entre la Vía Alterna y el Estadio Sierra Nevada.
La estructura criminal ha normalizado un sistema de cobros obligatorios disfrazados de “vigilancia”:
Cada sábado, las casas deben entregar 2.000 pesos.
Las tiendas de barrio pagan 20.000 pesos semanales.
Los mototaxistas y quienes extraen arena del río Gaira (quebrada Puerto Mosquito) para sobrevivir, deben tributar 15.000 pesos semanales.
Al ser un barrio sin acueducto oficial, los habitantes deben pagar entre 20.000 y 25.000 pesos semanales por el agua proveniente de pozos controlados internamente.
A la presión económica se suma ahora la política. Moisés dio a conocer al equipo periodístico de Seguimiento.co que hace aproximadamente 10 días, el grupo delincuencial informó a la comunidad que está prohibida la publicidad de cualquier candidato. Los líderes políticos de todas las vertientes fueron obligados a retirar pendones y afiches bajo el argumento de que “no han pagado el permiso” para hacer campaña en el territorio.
Lo más preocupante de la denuncia es la ubicación geográfica de este control criminal. Villa Betel se encuentra literalmente frente a la Estación de la Policía Metropolitana y a la vuelta del SIES (Sala Integrada de Emergencias y Seguridad).
“Da terror que la Policía esté al frente y en sus narices no haya un control territorial del Estado”, sentenció Moisés, señalando que estas dinámicas se repiten en otros barrios como San Fernando, Pando y María Eugenia, donde las cuotas de “vigilancia” pueden ascender a los 5.000 pesos por casa.
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