El extraño aplazamiento de la audiencia que tiene suspendido a Martínez

El alcalde suspendido de Santa Marta, Rafael Martínez, llegó a la audiencia programada por la Procuraduría para este lunes 18 de diciembre, con la expectativa de recuperar el mandato de su administración, que perdió durante 3 meses cuando el Ministerio Público lo suspendió de manera provisional, mientras se le investiga disciplinariamente por presunta participación en política.

La expectativa del mandatario radicaba, primero, en que el procurador delegado, Jorge Enrique Sanjuán, se pronunciara sobre una solicitud de nulidad de la suspensión en su contra, puesto que al alcalde le iniciaron el proceso sin haberlo notificado.

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Sin embargo, tras esperar un mes a que la Procuraduría se decidiera por hacer la audiencia, donde se debía resolver la solicitud, el procurador delegado esgrimió un impedimento, pues resultó ser amigo íntimo de Carlos Arturo Gómez, uno de los abogados de Martínez.

“Cuando fui comisionado para la investigación que se adelanta contra el Alcalde de Santa Marta, no tenía conocimiento que el abogado era Carlos Arturo Gómez, de quien soy amigo íntimo, hemos asistido a reuniones familiares y privadas, además que fue él, quien en su momento me nombró en la Procuraduría, situación que me llevaba a invocar las causales descritas en el numeral 15 del artículo 11 de la ley 1437 del 2011 y el numeral quinto del artículo 84 del código disciplinario único”, explicó el procurador delegado.

Con esta situación, el mayor afectado fue el propio alcalde suspendido, quien ahora le tocará esperar a que el impedimento sea, bien sea aprobado o descartado, por el Procurador General, lo que le suma cinco días hábiles más de espera.

Lo curioso de esta situación, es que, según conoció Seguimiento.co, la Procuraduría General de la Nación recibió, el pasado 20 de noviembre, el oficio en el que se designa a Carlos Arturo Gómez como defensor suplente del proceso. Esto quiere decir que el Ministerio Público ya conocía desde hace casi un mes quiénes serían los abogados del mandatario, no obstante, el procurador delegado esgrimió el argumento de que “no tenía conocimiento”.

¿Hay algún interés deliberado en postergar las audiencias para hacer cumplir el periodo de suspensión y evitar que un procedimiento inadecuado reintegre de inmediato al alcalde Martínez? ¿Deja entrever esta situación alguna debilidad del proceso jurídico que adelanta la Procuraduría? ¿Es coincidencia que el proceso se adelante en plena época electoral?

Son estas algunas dudas que -aunque seguramente podrían ser esgrimidas por el ya conocido argumento de la administración, quienes dicen que hay intereses detrás para sacarlos del ajedrez político- en este caso, sí deja mucho que pensar.

Entretanto, para bien o para mal, Santa Marta sigue sin institucionalidad política.