Cinco datos clave de la acusación que enreda al excongresista Eduardo Díaz Granados

Este jueves, un artículo de la periodista Alejandra Bonilla, de la Revista Cambio, develó una noticia que en el Magdalena pasó totalmente desapercibida, hasta ahora. Se trata de una acusación formal realizada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del excongresista Eduardo Díaz Granados.

El relato del medio nacional dio cuenta de que dicha acusación provino de una denuncia realizada por el también excongresista Roberto Herrera Díaz, quien -con su testimonio- involucró a Díaz Granados en un presunto hecho delictivo tipificado como cohecho propio.

Básicamente la denuncia dice que entre noviembre de 2011 y enero de 2012, ambos congresistas (en ese entonces miembros de la comisión Cuarta Constitucional Permanente, en la que se define el Presupuesto General de la Nación) habrían acordado un presunto negocio ilícito: Díaz Granados habría accedido a un “excedente” de recursos de cupos indicativos por el orden de 2 mil millones de pesos, y le habría propuesto a Herrera cederle esta asignación a cambio de un pago de 150 millones de pesos, el cual, supuestamente, se materializó en una entrega realizada en las afueras del aeropuerto de Barranquilla.

Los cupos indicativos, que son un concepto del argot popular (pues no están consagrados en ninguna ley ni en los presupuestos públicos), consisten básicamente en la ‘asignación’ que le hacen en las carteras de Gobierno a los congresistas, gracias a sus ‘gestiones’ de lobby ante los ministros o directores de entes nacionales, para lograr canalizar recursos públicos desde estos despachos para la financiación de proyectos que deben ir en beneficio de las regiones que representan.

No obstante, estos recursos, también conocidos como ‘mermelada’ (o auxilios parlamentarios en el pasado), terminan siendo ‘adueñados’ por los congresistas que los gestionaron, y quienes suelen entrar en negociaciones con los ejecutores de dichos recursos (mandatarios regionales, locales y contratistas), elevando la posibilidad de actos de corrupción pública.

Seguimiento.co accedió a las 130 páginas del escrito de acusación, a cargo del magistrado ponente Marco Antonio Rueda Soto, quien decidió acusar al exrepresentante Eduardo Díaz Granados, dejándole el beneficio de no dictar medida de aseguramiento en su contra.

Después de analizar el escrito de acusación, resumimos estos cinco datos clave para entender mejor lo sucedido en este escándalo político que pasó desapercibido.

1. Declaración del ‘Loco’ Herrera, el testimonio clave

El involucramiento de Díaz Granados en este lío judicial se centra, principalmente, y como fuente fundamental, en el testimonio de Roberto Herrera Díaz, quien no solo involucra al antiguo compañero de Cámara, sino que además, reconoce haber aceptado la propuesta ilícita y haberle pagado la fuerte suma de dinero, supuestamente, en un breve encuentro que habrían sostenido en enero de 2012, dentro del vehículo de Díaz Granados, a las afueras del aeropuerto de Barranquilla, luego de que, al parecer, Díaz Granados hubiera llegado de un vuelo tras haber participado en un evento del partido de la U.

En sus testimonios, Herrera ha brindado detalles puntuales sobre el proceso de negociación en el que supuestamente dio el millonario recurso, aportando como pruebas los retiros de dinero que hizo de sus cuentas para la época de los hechos, así como supuestas visitas de Díaz Granados al Ministerio de Hacienda, o incluso manifestando que estuvo en una ocasión en el apartamento de Díaz Granados, solicitándole la posibilidad de que pudiera interceder en un proceso en contra de Herrera, pues supuestamente un pariente de él llevaba un caso en su contra.

2. La defensa de Díaz Granados: niega relaciones con Herrera

En el escrito de acusación quedó en evidencia cómo la defensa de Eduardo Díaz Granados negó cualquier relación con Roberto Herrera, más allá del saludo protocolario de haber sido congresistas en el mismo periodo.

Díaz Granados desconoció cualquier gestión relacionada con los cupos indicativos y manifestó que todas sus gestiones se circunscribieron a las proposiciones o gestiones legislativas que realizaba desde el Congreso. También manifestó que era falso que Díaz Granados hubiera hecho tal propuesta irregular al congresista, como también el haber recibido el supuesto pago.

Sobre la presencia de Díaz Granados en el ministerio de Hacienda (que, según el testimonio de Herrera estaban relacionadas con las gestiones para cederle a él los recursos del cupo indicativo), Díaz Granados se defendió aludiendo que su visita (ocurrida hace más de una década), pudo haberse debido a la radicación de alguna petición de información por algún tema que estuviera tratando en el Congreso.

3. La reunión que genera dudas en la Corte

Un hecho que sí fue aceptado por ambas partes (tanto el denunciado como el denunciante), fue la existencia de un breve encuentro realizado en el apartamento de Eduardo Díaz Granados, entre abril y mayo del año 2022, en el que Herrera le manifestó que tenía una investigación en su contra en la Corte, y que esta la llevaba un magistrado auxiliar de nombre Carlos Gónima Díaz Granados.

La intención de Herrera era manifestarle que, si ellos eran parientes, Díaz Granados podría incidir y pedirle al supuesto pariente que lo ayudara, pues -según palabras testimonio de Herrera- lo tenían “apretado y lo iban a joder”.

Ambas partes coincidieron en el hecho de que Díaz Granados negó estas intenciones y se excusó en el hecho de que no eran parientes, y no podía acceder a dicha pretensión.

De hecho, la defensa del excongresista Díaz Granados planteó la probabilidad de que las motivaciones de Herrera al involucrar a su defendido se sustenten en el hecho de que Díaz Granados negó ayudarle al antiguo compañero de Corporación.

Sin embargo, para la Corte persistieron las dudas de que, si esta reunión se llevó a cabo, no tendría mucho asidero el argumento dado por Díaz Granados sobre la supuesta alejada relación de estos, pues para la Corte “es contrario a cualquier regla de la experiencia común en el desarrollo de las relaciones interpersonales, que quienes predican no haber tenido relación alguna con otros sujetos, reciban a estos en sus domicilios, en los que viven, además, con su cónyuge e hijos”.

4. ¿Reventa de ‘cupos indicativos’, un negocio legislativo?

Otro hecho llamativo que ha dejado entrever el escrito de acusación en contra de Díaz Granados es la existencia del negocio de la ‘venta de cupos indicativos’.

Para profundizar en este tema, el magistrado citó a testimonio a varios congresistas de la época, quienes dieron su opinión sobre los cupos indicativos, permitiendo crear un bosquejo sobre esta particular manera en que los congresistas hacen lobby en los ministerios y otras dependencias de nivel nacional, para canalizar recursos para sus regiones.

Al parecer, según reconocieron algunos congresistas llamados a rendir declaración, es vox populi que estos ‘cupos indicativos’ sean ofrecidos a otros beneficiarios, quienes pagan contraprestaciones a cambio de la toma de decisión y posterior disposición de millonarios recursos que deberían ser invertidos a través de los mandatarios regionales y locales.

5. No hay cárcel para Díaz Granados

Aunque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia encontró mérito suficiente para acusar al excongresista por la presunta autoría del delito de cohecho, no encontró mérito para afectarlo con la imposición de alguna medida de aseguramiento, lo cual quiere decir que el excongresista enfrentará el proceso y podrá demostrar su inocencia en libertad.

La providencia contra Díaz Granados fue remitida a la Sala Especial de Primera Instancia, donde continúa su trámite.