Exsenador Álvaro García entregará a la JEP información sobre el pacto de Chibolo

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exsenador oriundo de Sucre Álvaro Alfonso García Romero, condenado por la justicia ordinaria a 40 años de prisión por su participación en una masacre paramilitar en el 2000.

García Romero, quien se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple en calidad de determinador y desplazamiento forzado entre 1997 a 2000; recibió una de las sanciones más altas contra los congresistas que tuvieron nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El exsenador fue aceptado en la JEP como "Agente de Estado no integrante de la Fuerza Pública" y se ofreció a aportar verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria sobre crímenes perpetrados por los paramilitares.

"La JEP busca esclarecer y conocer a fondo en qué consistió la promoción, auspicio y colaboración de dirigentes políticos con grupos paramilitares", señaló la Jurisdicción al estimar que los aportes del exsenador permitirán "desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo".

Puntualmente, el excongresista García se comprometió a brindar en la JEP verdad sobre las "reuniones en donde se creó el bloque Montes de María de las AUC y de las reuniones de Ralito y Chibolo", un pacto secreto entre grupos paramilitares y políticos colombianos, así como "sobre su participación en la masacre de Macayepo", perpetrada en el 2000 en el departamento de Bolívar.

El exsenador, que permanecerá en prisión, también entregará su versión sobre el contrato de la Guaripa que sirvió como financiación de la creación del nuevo grupo de las AUC; la muerte de Georgina Narváez, una testigo electoral asesinada en 1997, y su vínculo con el paramilitar Salvador Arana, quien como Gobernador de Sucre entre 2001 y 2003 impulsó a las Autodefensas.

La JEP puntualizó que "García Romero está en condición de entregar verdad sobre los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular, el nombramiento de miembros de las AUC en la administración pública, la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos".