Defensoría vigilará acuerdo que frena cortes de energía en parte del Caribe

Luego de que el Gobierno Nacional, los entes departamentales y locales del Caribe, y la empresa Air-e acordaran la suspensión de los cortes de energía entre agosto de 2024 y enero de 2025, particularmente en los barrios subnormales y de difícil gestión de municipios del Atlántico, Magdalena y La Guajira, la Defensoría del Pueblo realizará un detallado seguimiento a lo pactado.

“Los cortes de hasta ocho horas diarias que venía realizando el prestador del servicio de energía eléctrica vulneraban los derechos fundamentales de las comunidades, como el derecho a la vida por conexidad con la salud; por ejemplo, para los usuarios de establecimientos hospitalarios y clínicos y las personas electrodependientes en sus respectivas viviendas”, manifestó este órgano a través de un comunicado.

“Era una acción a todas luces inconstitucional, sobre todo porque tener acceso al servicio no es un privilegio, sino una condición necesaria para el disfrute de una serie de derechos, como la conservación de alimentos, la climatización de espacios, la iluminación, el acceso a la educación, entre otras actividades indispensables en el día a día”, añadió.

En una visita realizada por el Defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina, y una comitiva especializada del nivel central de la institución al departamento de La Guajira, las comunidades insistieron en manifestar sus inconformidades por las deficiencias en la prestación del servicio de energía eléctrica.

Por tal motivo, la entidad espera que en el curso de los próximos meses, la empresa Air-e y las autoridades del ramo logren establecer los mecanismos necesarios para brindar soluciones estructurales que garanticen un servicio adecuado a las necesidades de la población.

Asimismo, dado que los cortes han desencadenado protestas y bloqueos de vías, lo cual ha exacerbado la conflictividad social y afectado varios aspectos de la vida de la población en la zona norte del país, la Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio de Minas y Energía y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la participación de gobernadores y alcaldes, a propender por soluciones efectivas y reales, y a hacer cumplir el régimen constitucional y legal en la prestación del servicio realizado por Air-e.