Por irregularidades en contratos, formulan cargos a exsecretaria de Salud, Diana Celedón
La diligencia tiene como objetivo recaudar material probatorio que había sido solicitado por el órgano de control.
Se han identificado irregularidades en instituciones de 12 municipios.
Procuraduría confirmó que la funcionaria suministró documentación falsa para su nombramiento.
Iniciará indagación contra Rafael Rebolledo, Ana María Correa y Nizay Cuesta, contratistas de la Alcaldía, por su registro en extrema pobreza pese a tener ingresos entre los $3 y 7$ millones mensuales.
Por las presuntas irregularidades presentadas al someter a la prueba del polígrafo a la señora Marelbys Meza.
La Procuraduría requirió a ese ente territorial para adoptar medidas con el fin de reparar infraestructura escolar en mal estado.
Al parecer, alertaba a la subestructura 'Carlos Vásquez' sobre la presencia de la Fuerza Pública.
Según el Ministerio Público, se firmaron 3 contratos en 2016 con el mismo objeto, en vez de firmar uno solo por la suma de los tres.
Tras la denuncia del equipo periodístico de Seguimiento.co que expuso la negativa del secretario de entregarles carga laboral y salarios a profesores ya nombrados, el Ministerio Público se pronunció.
La Procuraduría investigará sobre una jornada de afiliación al Sisben, aprovechada al parecer para hacer propaganda en favor del precandidato.
La Procuraduría le abrió investigación disciplinaria a la alcaldesa y al secretario de Gobierno, Felipe Jiménez.
La exalcaldesa (e) de Cartagena habría revocado de manera irregular una licitación.
La Procuraduría también le pidió al Gobierno Nacional garantizar todos los recursos necesarios en las zonas de alta amenaza volcánica.
Ministerio Público solicitó a las autoridades determinar a la mayor brevedad si existen otros lugares minados con el fin de evitar una tragedia.
El Procurador 46 Judicial II Penal de la capital del Atlántico acompañará permanentemente las diligencias que se programen en el desarrollo del caso.
El puente colapsó el pasado 15 de marzo, dejando “en peligro de muerte” a 25 niños. En 2021 la Corte Constitucional le ordenó al gobernador Carlos Caicedo reforzar la estructura.