Procuraduría publica diagnóstico sobre zonas de playa y de bajamar usando de ejemplo a Santa Marta

“Resulta necesaria una comprensión integral de las zonas de playa y bajamar, como elemento central para fortalecer la acción del Estado, en especial de los mandatarios locales”, manifestó la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, este martes durante la socialización del “Análisis diagnóstico de la situación problemática de los bienes de uso público en la zona playa y zona de bajamar”.

El evento que tuvo lugar en el auditorio Antonio Nariño de la entidad, sirvió también para realizar el lanzamiento de la publicación denominada “Guía de actuación para la protección de los bienes de uso público en la playa y zona de bajamar – estudio de caso en Pozos Colorados, Santa Marta, D.T.C.H.".

De igual forma, la doctora Castañeda Curvelo concluyó de dicho diagnóstico que es necesario iniciar “una acción integral que reconozca las distintas dimensiones que deben abordarse para la atención de estos territorios, al igual que una articulación interinstitucional para la gestión”.

“Realizar el monitoreo interinstitucional y el fortalecimiento de la participación ciudadana y de las comunidades, así como de la estructura de gobierno que conlleve al mejoramiento de la gobernanza”, propuso la viceprocuradora y agregó que “hoy más que nunca se requiere un esfuerzo conjunto, fruto de una interacción entre la sociedad civil y los gobiernos nacional y locales”.

Por su parte, el director regional de la Organización de Estados Iberoamericanos, Ángel Martín Peccis, en su intervención afirmó que “si no tenemos la administración pública capaz de defender los bienes públicos y los derechos de los ciudadanos, la implementación del Estado Social de Derecho es nula”, haciendo referencia al control que deben tener los entes territoriales en la utilización de los bienes y la adjudicación de terrenos para construcciones en zonas indebidas.

Uno de los objetivos de este diagnóstico es promover un proyecto de ley sobre suelo costero, así como el agendamiento y elaboración interinstitucional de documentos de recomendaciones de políticas públicas.

Además de la Organización de Estados Iberoamericanos, el trabajo investigativo fue liderado por las Procuradurías Delegadas para Asuntos Civiles y para Asuntos Ambientales y Agrarios.