Organizaciones sociales piden cese al fuego tras escalada violenta en el Catatumbo

La crisis humanitaria en el Catatumbo sigue agravándose tras los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, con un saldo preliminar de más de 35 muertos, 22 secuestrados y decenas de desplazados.
La ofensiva, ocurrida el jueves en zonas rurales de varios municipios del Catatumbo, sorprendió a las comunidades, quienes debieron huir de los enfrentamientos para proteger sus vidas. Videos compartidos en redes sociales muestran a guerrilleros del ELN recorriendo caseríos mientras se escuchan disparos de fusiles y ametralladoras.
Según la Mesa Humanitaria del Catatumbo, entre las víctimas se encuentran siete firmantes del acuerdo de paz, mientras al menos 70 familias han sido desplazadas y unas 20 personas resultaron heridas. El organismo, que reúne a diversas organizaciones sociales, reiteró su llamado a las partes en conflicto para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y cesen las hostilidades.
"Desde el año pasado advertimos sobre el recrudecimiento del conflicto en la región debido a la disputa territorial entre el ELN y el Estado Mayor de Bloques (EMB), un ala disidente de las FARC", denunció la Mesa Humanitaria, destacando que en lo que va de 2024 ya se han registrado 162 episodios violentos en la zona.
La situación llevó al presidente Gustavo Petro a anunciar la suspensión de los diálogos de paz con el ELN, acusando al grupo de cometer "crímenes de guerra". La delegación gubernamental, liderada por Vera Grabe, enfatizó que las negociaciones no se retomarán hasta que el ELN demuestre una verdadera voluntad de paz.
El Catatumbo, compuesto por municipios como Tibú, Hacarí, Sardinata y El Tarra, es una región estratégica para el narcotráfico debido a su ubicación montañosa y la presencia de cultivos ilícitos. Además del ELN y las disidencias de las FARC, en la zona operan otros grupos armados que agravan la crisis humanitaria.
Las comunidades afectadas continúan exigiendo medidas urgentes para garantizar su protección y mitigar el impacto de un conflicto que parece lejos de resolverse.
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