¡Ley se seguridad ciudadana es una realidad!: cárcel para reincidentes y penas a vándalos

En la noche de este martes 21 de diciembre, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ‘Ley de Seguridad Ciudadana’, presentado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, para iniciar el proceso de lo que sería una reforma a la justicia, enfocada en atender las exigencias ciudadanas que se encuentran vulnerables ante el aumento de los actos delincuenciales, y el incremento de las acciones violentas en el país.

Este proyecto, ampliamente discutido por los legisladores, contó con un amplio respaldo en el Senado, pues entre sus puntos principales, establece mayores penas contra delitos que azotan al país como el hurto, el porte de armas, y al mismo tiempo, brinda mayores garantías jurídicas para militares y policías.

Entre los puntos principales a destacar, se encuentra que el proyecto prevé la figura de ‘peligro para la comunidad’, que determina la imposibilidad de que un sujeto que sea reincidente de delitos violentos, pueda ser excarcelado.

Congreso de la República

Se aprobó el PL de fortalecimiento a la seguridad ciudadana en el @SenadoGovCo que busca evitar la impunidad y castigar al delincuente.

Esta iniciativa piensa en toda la ciudadanía, dando mayores herramientas a jueces para aplicar condenas ejemplares pic.twitter.com/iKNyyexv72

— Daniel Palacios (@DanielPalam) December 22, 2021

La medida, busca evitar que mientras las autoridades capturan delincuentes posteriormente los jueces los dejan en libertad, argumentando no tener herramientas jurídicas para retenerlos. Es decir, que si en los últimos tres años un sujeto ha sido sindicado de delitos violentos, incluyendo el hurto, y reincide, deberá cumplir pena intramural.

Propiedad privada y delitos callejeros

Otro de los puntos más polémicos, es que en uno de los artículos de la ‘Ley de Seguridad Ciudadana’, se habla del concepto de legítima defensa privilegiada, en la que se determina claramente la ausencia de responsabilidad penal en caso de que una persona se encuentre protegiendo la propiedad privada.

En otras palabras, si una persona realiza una incursión violenta a la propiedad privada de los ciudadanos, incluyendo su vivienda o su vehículo, esté podrá defenderse sin temor a represalias ante la ley.

En ese mismo sentido, varios artículos del proyecto que ya pasó a sanción presidencial, determina el aumento de penas y castigos a quienes hayan cometido delitos como hurto e instigación a delinquir, colocando como agravantes el uso de armas cortopunzantes, de fogueo o de fuego.

‘Mano dura’ contra ‘enmascarados’

Desde algunos sectores de oposición al gobierno, se han criticado fuertemente las medidas del proyecto en las que se endurecen las penas para las personas que sean sorprendidas realizando actos delincuenciales o violentos y se encuentren “usando máscaras y elementos similares”; pues señalan que esto es un ataque directo contra la protesta social, donde es normal ver a personas utilizando estos elementos.

De acuerdo con senadores como Iván Cepeda, el castigo por el uso de máscaras y capuchas, es “una medida fascista”. Mientras que por el contrario, otros sectores defienden que esta medida permitiría castigar a quienes se ocultan en las marchas para realizar actos violentos, daños a las propiedades públicas o privadas, o agresiones a las autoridades.

Además, esta medida está acompañada de otro artículo donde establece la figura del ‘agravante punitivo’, cuando las víctimas de agresiones y ataques son miembros de la Fuerza Pública.

Cárceles ¿privadas?

En el artículo 62 del proyecto gubernamental, se da vía libre a las entidades territoriales para “celebrar contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en algunas cárceles de sus territorios”, lo que en consideración de algunos legisladores, le abriría la puerta a la ‘privatización’ de las cárceles del país.

Aunque pidieron derogar esta disposición, desde el Gobierno Nacional se defendió la medida, argumentando que es un modelo que se aplica con éxito en otros países del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos.

Finalmente, una de las novedades, según explicó el Ministro del Interior, Daniel Palacios, es la creación de la Dirección Nacional de Delitos Informáticos en la Fiscalía General de la Nación, que atendería especialmente las conductas delictivas que se realicen contra la integridad de los ciudadanos a través de medios digitales.