Entre cinco firmas se escogerá la auditoría internacional para elecciones presidenciales

Cinco firmas fueron preseleccionadas para manejar la auditoría internacional durante las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, reportó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En la reciente reunión de la Comisión de Garantías Electorales quedó claro que la escogencia de la empresa que se encargará de hacer dicha auditoría se llevaría a cabo este martes 17 de mayo de la mano del presidente del CNE, César Abreu.

La idea es hacer un proceso de seguimiento al funcionamiento del software de escrutinios, para garantizar la transparencia y el normal desarrollo de los comicios.

“Giraron los recursos del Ministerio de Hacienda, va a ser un proceso de selección directa, pero quien escoge la firma es el Consejo Nacional Electoral. Lo que me informaron es que se presentaron cinco firmas interesadas”, manifestó registrador Alexander Vega.

La auditoría internacional tendrá tres fases: una preelectoral, que se desarrollará varios días antes de las votaciones; otra fase de vigilancia que se implementará el día de los comicios y una última que será posterior a las elecciones, cuando se revisará que todo el preconteo y escrutinio esté marchando a la perfección.

El costo de la contratación de la firma será de alrededor de más de 3.000 millones de pesos, recursos que se giraron desde el pasado 02 de mayo.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, recordó que el Gobierno solicitó un acompañamiento permanente de los entes de control para garantizar que la autoría internacional y su contratación, se desarrolle de la mejor manera posible.

“El Gobierno hace más de tres semanas giró los recursos solicitados por el Consejo Nacional Electoral para adelantar la contratación y esperamos que haya acompañamiento de la Procuraduría y Contraloría para hacer vigilancia a ese proceso contractual”, sostuvo.

El Gobierno y la organización electoral están empeñados en que los comicios presidenciales se desarrollen en completa normalidad y no haya ningún hecho que justifique las denuncias de un posible fraude.