Consejo de Estado suspende decreto que convocaba a consulta popular

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos jurídicos del decreto con el que el Gobierno pretendía convocar una consulta popular de alcance nacional el próximo 7 de agosto.

La decisión se adoptó luego de que la Sección Quinta admitiera una demanda de nulidad presentada por un grupo de congresistas, quienes señalaron que la iniciativa fue expedida sin cumplir con un requisito constitucional esencial: el concepto previo y favorable del Senado de la República.

Según el alto tribunal, el presidente Gustavo Petro expidió el acto pese a que el Senado negó expresamente su respaldo mediante votación realizada el pasado 14 de mayo. La negativa fue notificada al Ejecutivo quince días después, el 29 de mayo, pero aun así el presidente avanzó con la expedición del decreto, lo cual —según los demandantes— constituye una vulneración a la separación de poderes y a la legalidad del procedimiento.

Los magistrados concluyeron que la omisión del aval legislativo contravino lo establecido en el artículo 104 de la Constitución y en las leyes estatutarias que regulan los mecanismos de participación ciudadana. En este contexto, el Consejo consideró procedente aplicar una medida cautelar urgente, al advertir que continuar con los preparativos de la consulta —que ya estaba en fase de organización logística y pedagógica— podría generar perjuicios difíciles de revertir.

La sala también rechazó la justificación del Gobierno, que apeló a una supuesta excepción de inconstitucionalidad para ignorar la decisión del Senado, argumentando que la votación en esa corporación estuvo plagada de irregularidades. Sin embargo, el tribunal advirtió que tales señalamientos no pueden fundamentar, de manera automática, el desconocimiento de un acto legislativo sin pronunciamiento judicial previo que acredite dichas anomalías.

Esta decisión frena de manera temporal el desarrollo de la consulta popular mientras se estudia de fondo la legalidad del acto, en un proceso judicial que ahora deberá resolver si se configuró una infracción constitucional por parte del Ejecutivo.