59 costeños presos en Venezuela sindicados de paramilitares

Por un supuesto plan paramilitar en contra de Nicolás Maduro, cuatro barranquilleros y 55 bolivarenses se encuentran presos en una cárcel de Venezuela. Su situación no ha sido resuelta aún.

Según Al Día, Enoc Montemiranda Molinares lleva 404 días encerrado:“No maté a nadie, no robé y no trafiqué con drogas. Tampoco falsifiqué documentos, ni infringí, que recuerde, ninguna ley”, asegura.

Junto e Enoc hay otros tres barranquilleros, uno de Manizales, otro de Bucaramanga y 55 personas oriundas de varias poblaciones de Bolívar, entre ellas una mujer. Todos están tratando de resolver, como pueden, una situación que les parece “absurda caprichosa”.

El primero de septiembre de 2016 Nicolás Maduro anunció, durante su participación en la concentración oficialista “en defensa de la paz”,  por cadena nacional de radio y televisión, los resultados de un operativo policial adelantado en Caracas contra “un campamento de paramilitares colombianos”.

“Hemos estado con la Operación de Liberación del Pueblo, OLP, capturando mercenarios. En la zona norte de Caracas, barrio El Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos con 92 personas a 500 metros del Palacio de Miraflores”, detalló el mandatario venezolano.

El abogado Sergio Aranguren, quien ejerce de  defensor de este grupo, señala que hasta la fecha no existe “una investigación formal ni una acusación que demuestre que estos colombianos incurrieron en algún delito dentro de este país (Venezuela)”. Montemiranda, quien fue contactado  por Al Día vía telefónica desde la prisión, cuenta que la mañana del 30 de agosto de 2016 se dirigía a su trabajo cuando fue subido contra su voluntad a un camión militar.

“Caminaba por la avenida Fuerzas Armadas (centro de Caracas) cuando una alcabala de militares me detiene y me pide los documentos. Esa rutina es común acá, por lo que no me preocupé. Sin embargo, al transcurrir los minutos me subieron a un camión y no me devolvieron los papeles. No sabía qué pasaba. Jamás me dijeron nada. Allí inicia mi tormento”, cuenta el técnico en electrónica y ayudante de panadería.

Junto a otros colombianos fue conducido esa misma tarde hasta las instalaciones del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime,  en pleno centro de la capital . De allí lo llevaron a un calabozo donde permaneció junto a los demás connacionales incomunicado por tres días.

“Nos dijeron que nos iban a deportar, pero no sucedió de esa manera. Hasta ese punto no sabíamos lo que pasaba. Luego nos trasladaron hasta la sede del comando de la División Nacional Contra la Delincuencia Organizada”, cuenta Montemiranda, y señala que allí permanecieron sobre la azotea de la edificación, sin techo y a la intemperie por 26 días.

“Llovió como nunca durante esos días a toda hora y, paradójicamente, los días que no llovía hacía un sol terrible. Dormíamos en el suelo. La ropa mojada se nos secaba encima. Eso fue una pesadilla que no se la deseo a nadie”, narra el barranquillero, con 8 años de permanencia en Caracas. Manifiesta que la noche del 24 de septiembre finalmente les avisaron que se había dado la orden para su deportación.

“Nos mandaron a recoger las cosas y nos subieron a unos buses con destino a San Cristóbal (estado Táchira). El recorrido demoró más de 12 horas, íbamos  escoltados más que el presidente”. 

LOS 61 COLOMBIANOS ESTÁN HACINADOS

Emerson González, de 42 años, es otro barranquillero detenido en Caracas. Su historia es similar a la de Enoc. Lo capturaron mientras iba caminando en el sector de Catia (noroeste de Caracas), pero a la salida de su trabajo, en la tarde del 31 de agosto. Señala que padeció los 26 días a la intemperie y también fue llevado a Táchira, para su supuesta deportación. 

“Estando en el comando de tránsito de la Policía Bolivariana en San Cristóbal las cosas no fueron distintas. Allí estuvimos 13 días. Hasta que un policía nos dijo que se habían equivocado, que se dieron cuenta de que éramos unas personas trabajadoras y que no nos iban a deportar. Que iban a darnos cédula   a quienes no la tenían y casas a quienes no tuvieran”, explica González.

Sin embargo, las promesas quedaron allí. “Fuimos regresados a Caracas, pero 

Esta vez al lugar donde nos encontramos. Acá estamos abandonados tanto de las autoridades de Colombia como de las de Venezuela. Nos dejan recibir a nuestros familiares, quienes nos traen lo poco que pueden conseguir, pues la mayoría de nosotros éramos sus únicos sustentos”, apunta con la voz entrecortada.

‘NADIE NOS SUPO DECIR QUÉ HACER’

Sentada en el interior de una humilde vivienda del barrio 7 de Abril se encontraba esta semana Edtih Barrios de González, la madre de Emerson González, quien accedió a contarle a AL DÍA “la desesperación” que le ha tocado vivir durante más de un año sabiendo que su hijo se encuentra preso a 1.171 kilómetros de su casa. “Apenas nos enteramos de lo que pasó comenzamos a movilizarnos, acá no sabíamos qué hacer, fuimos a la Fiscalía, allí nos dijeron que eso no era problema de ellos. Seguimos haciendo vueltas, nos respondieron que habláramos con el cónsul en Caracas, recogimos firmas acá y se las mandamos allá, pero nos dijeron que eso no era así, que no iba a servir, porque era un problema político que un abogado no podía resolver. Solo Maduro podía solventar la situación”, expone.

EDITH BARRIOS, MADRE DE EMERSON

Sergio Ramón Aranguren, quien hasta la fecha se ha encargado de la defensa de los capturados, asegura que desde un principio a estas personas “se les violaron sus derechos”. “Ellos están privados de su libertad sin haber una orden de detención emitida por algún tribunal. Ninguno fue presentado dentro de las 48 horas posteriores a su detención ante un juez, como lo ordena la constitución venezolana.

 Explica que en lo que va de proceso se han realizado cuatro audiencias, que fueron declaradas “nulas” al no haber una denuncia o acusación formal que los tipifique de algún delito en específico. “Solicitamos la figura de Habeas Corpus, pero tal audiencia no se realizó.Lo que nos lleva a definir que este caso es netamente político”, insiste el jurista venezolano experto en derechos humanos. En los tribunales de control de Caracas, asevera Aranguren, “dicen que no tenemos cualidad de representación para los colombianos, pero estamos trabajando en ejercer la defensa de estas personas y poder así continuar con los trámites”.

Destaca que ha ido hasta las instalaciones del consulado en Caracas para poner “en conocimiento del caso al cónsul, pero “estos no demuestran ningún interés en ayudar a sus compatriotas“. Ahora, más que nunca los necesitan.