13 años de cárcel para mujer que esclavizó a indígena embarazada

Una juez condenó en las últimas horas a la abogada Claudia Maritza Castiblanco Parra, quien al parecer explotó por 45 días a Erika Vargas Castillo, de 18 años, integrante del Pueblo Carapana, de Mitú, Vaupés.

Los hechos se dieron hace 4 años, y hace seis meses la Dijin empezó la investigación que terminó con esta condena.

De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el caso constituye un hecho histórico tanto para el movimiento indígena como para el movimiento de mujeres, en Colombia, pues es la primera condena por esclavitud de una empleada doméstica.

“La joven indígena, en estado de embarazo, decidió viajar a Bogotá porque un hombre (José Walter Grisales González) le prometió un sueldo de 250.000 pesos mensuales, pero cuando llegó a la capital empezó su infierno. Fue advertida que por dos meses no recibiría salario porque debía pagar con su trabajo los pasajes de Mitú a Bogotá, que oscilaban en el valor de 400 mil pesos. (…) Haciendo aseo, accidentalmente rompió un plato decorativo de la casa y la señora manifestó que debía pagárselo y que su valor era de 5 millones de pesos. Es decir, tendría que trabajar 20 meses bajo esas condiciones para poder pagar la pieza decorativa”, narró la fiscal del caso.

Entre tanto, según el testimonio entregado por la joven indígena, Castiblanco Parra nunca le pagó y, además, la mantenía encerrada bajo llave y no la dejó salir de la casa durante ese mes y medio.

Así mismo, la investigación determinó que las jornadas de trabajo empezaban a las seis de la mañana y terminaban a las diez de la noche, lo que también ponía en riesgo la vida de su bebé.

De igual forma, se encontró que Vargas Castillo no fue afiliada a ningún tipo de seguridad social.

Ahora, la mujer debe responder por el delito de trata de personas con fines de explotación bajo la modalidad de servidumbre.

La togada también determinó una inhabilidad para ejercer como abogada en labores públicas por el mismo tiempo que estará privada de la libertad.

Finalmente, la mujer se encuentra en libertad, por lo que fue ordenada su captura para que “sea el Inpec quien defina en qué establecimiento carcelario va a cumplir la pena”, concluyó la juez.