¡No puedo más!

Escribo este blog porque no encuentro forma distinta para desahogarme de esta indignación que se me enreda en la garganta. Mientras lo hago, acabo de colgar con Jessica, ella es mamá de cuatro niños, tres de ellos estudiantes del colegio del Pando, institución educativa pública de Santa Marta.

El viernes pasado, Jessica recibió tres mercados del Plan de Alimentación Escolar PAE, de un operador que administra millonarios recursos del Distrito para darles mercados -en sustitución a las raciones de alimentación- a las familias de los niños de estos colegios.

Cada mercado tenía dos latas de atún. Seis latas de las que fueron consumidas 5 latas el mismo viernes. Pero el sábado pasado, una amiga suya, Yina Acosta, subió corriendo hasta su casa -una edificiación de latas en pleno cerro del Pando- para advertirle que las latas de atún que les habían dado tenía gusanos.

En medio de la sorpresa, destaparon la lata restante y  grabaron en video... el atún estaba cundido de unas pequeñas larbas que se movían en medio de la carne de pescado. Las imágenes se hicieorn virales. (Pilla la noticia aquí)

 

 

 

 

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Ahí es donde empezó la vaina que tanta impotencia da. La denuncia de Jessica y Yina, que debió desembocar en una profunda y transparente investigación hacia el contratista del PAE, se convirtió, en cambio, en un señalamiento hacia estas mujeres. (Léete esto para que veas) 

Promovido por la misma Alcaldía del Distrito, las mujeres han sido tildadas de mentirosas y de hacer parte de un supueto plan de sabotaje, mientras que el Distrito, a través de comunicados de prensa, se empeña en asegurar que es imposible que en una lata de atún hayan aparecido larvas.

¿En serio? ¿Un sabotaje? ¿qué carajo puede estar pasando por la cabeza de la alcaldesa Virna Johnson? Que Jessica y Yina, dos mujeres que a veces ni tienen qué comer en sus casas, se van a aliar en un complot para implantar gusanos en unas latas selladas de atún? ¡Hay que ser muy estúpidos para pensarlo! Y los ciudadanos demasiado ignorantes para creerlo.

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Aún me pregunto por qué la Alcaldía, en vez de ver casos como el que ya sucedió en Perú, donde intervino la Defensoría del Pueblo y ordenaron el retiro de los lotes de atún del proveedor, termina adoptando una posición defensora del contratista al que le pagan.

Me duele mucho que mientras que la Alcaldía cierra filas para proteger a su contratista, Jessica, que colgó por teléfono conmigo, casi  se le salen las lágrimas de la desesperación porque tuvo que caminar desde su casa hasta el IPC María Eugenia para llevar a su hijo de tres años a valoración por una diarrea permanente.

Pero, cuando al fin llegó, el portero le dijo que el centro de salud -el mismo por el que investigan por corrupción a los exalcaldes Carlos Caicedo y Rafael Martínez- no está en funcionamiento.