Peajes subirán desde enero de 2026: Gobierno confirma nuevo ajuste

El Gobierno Nacional confirmó que a partir del 16 de enero de 2026 entrará en vigencia un nuevo ajuste en las tarifas de los peajes en todo el país, una medida que aplicará en la red vial concesionada y que estará ligada a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que el incremento corresponde al ajuste anual por costo de vida, previsto en la normativa vigente y en los contratos de concesión, con el objetivo de garantizar la operación, mantenimiento y sostenibilidad financiera del sistema vial.

De acuerdo con el Dane, la inflación anual a noviembre de 2025 se ubicó en 5,30%, porcentaje que serviría como referencia para el reajuste que comenzará a aplicarse en enero del próximo año.

No será igual para todos los peajes

El Ejecutivo aclaró que los aumentos no se aplicarán de manera uniforme, ya que dependen del tipo de concesión y la antigüedad de los contratos. Por esta razón, algunas estaciones podrían tener ajustes graduales o esquemas diferenciados.

Ante el impacto que estas alzas generan en el transporte de carga, el valor de los pasajes y el bolsillo de los ciudadanos, el Gobierno señaló que se mantendrán medidas de alivio, como tarifas diferenciales para comunidades cercanas a los peajes y para usuarios frecuentes, así como el aplazamiento de incrementos en corredores específicos.

El anuncio se da en medio de una creciente inconformidad ciudadana, especialmente tras incrementos recientes como el autorizado por Invías, que permitió alzas de hasta 30% en algunas estaciones a comienzos de este año.

Actualmente, los peajes más costosos para vehículos de categoría I se concentran en Antioquia, Meta y los corredores hacia la Orinoquía, zonas estratégicas para la movilidad y el transporte de mercancías.

Aunque el Gobierno insiste en que los ajustes son necesarios para evitar un deterioro en la infraestructura, la situación ha reavivado el debate sobre el modelo de concesiones viales y la necesidad de revisar su estructura desde el ámbito legislativo, en medio del equilibrio entre sostenibilidad financiera y capacidad de pago de los usuarios.