Registrador congela consulta popular y deja decisión en manos de las altas cortes

La consulta popular promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro quedó suspendida de forma indefinida. Así lo anunció el registrador nacional, Hernán Penagos, quien informó que solicitará un concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado antes de tomar una decisión definitiva sobre la validez del decreto presidencial que convoca a las urnas.

El anuncio fue hecho en una rueda de prensa este martes 17 de junio, en la que Penagos explicó que el país se enfrenta a una "controversia jurídica sin precedentes en la historia moderna de Colombia", producto de posiciones enfrentadas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras el Gobierno defiende la constitucionalidad del decreto, el Congreso, mediante votación en el Senado el pasado 14 de mayo, negó el mecanismo de consulta.

“Estamos ante una controversia jurídica que requiere un pronunciamiento de las altas cortes. No es posible que la Registraduría actúe con base en el concepto de una sola de las partes”, afirmó Penagos. Además, señaló que se remitirá copia de la solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría General de la Nación, para que estas entidades emitan sus respectivos conceptos.

Aparte del debate jurídico, el registrador también expuso limitaciones logísticas. Según explicó, organizar una consulta de esta magnitud en apenas 53 días —el Gobierno propuso el 7 de agosto como fecha— resulta inviable, dado que implicaría movilizar a más de 42 millones de votantes en el país y en el exterior. “Una jornada como esta requiere meses de planeación rigurosa. No podemos garantizar una logística adecuada en tan poco tiempo”, sostuvo.

El decreto firmado por el presidente Petro y sus ministros ha generado un aluvión de demandas ante las altas cortes, incluidas acciones de nulidad simple, demandas de inconstitucionalidad y tutelas. Por ello, Penagos enfatizó que será prudente esperar una decisión de fondo antes de continuar con los trámites.

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la postura del registrador, señalando que su función es meramente logística. “No está acatando el decreto para convocar. Él es un operador logístico y no debe aplicar excepciones constitucionales al decreto emitido por el Ejecutivo”, dijo Benedetti, quien también ha calificado como errónea la decisión de Penagos.

En contraste, distintos sectores políticos respaldaron la medida adoptada por la Registraduría. La senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) la calificó como “una decisión responsable y en derecho”, mientras que el representante Julio César Triana (Cambio Radical) afirmó que se trata de “un acto de respeto por la Constitución y el principio de separación de poderes”.

Desde el Congreso también se escucharon voces que destacaron la “cautela institucional” del registrador, como lo señaló la representante conservadora Juana Carolina Londoño, quien recordó que el decreto ha sido objeto de más de diez acciones de nulidad y múltiples demandas ante la Corte Constitucional. La representante Jennifer Pedraza, por su parte, valoró la prudencia de Penagos al esperar el fallo de las altas cortes en lugar de tomar una decisión apresurada.

En caso de que las cortes no avalen el decreto, el presidente Petro ha advertido que podría considerar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.