Cajar: deben cesar los ataques contra pueblos indígenas de la Sierra
Este martes, representante del pueblo indígena Wiwa denunciaron que diferentes comunidades están teniendo graves afectaciones por los enfrentamientos que vienen ocurriendo desde la semana pasada entre dos grupos armados paramilitares en la Sierra Nevada de Santa Marta.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), indican que hay "25 personas asesinadas, dos indígenas wiwa desaparecidos y situaciones de confinamiento", ante esta situación piden que cesen los ataques contra los indígenas.
Las dos organizaciones indicaron además que los crímenes cometidos contra pueblos indígenas deben ser examinados por la Corte Penal Internacional (CPI).
Los enfrentamientos se dan entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), grupos que buscan controlar el territorio de los wiwa, kankuamo, arhuaco y kogui, guardianes del "corazón del mundo", como denominan a la Sierra Nevada de Santa Marta.
Por eso, la FIDH y el Cajar urgieron al Estado a hacer una intervención integral que les permita tener presencia en la zona, verificar las denuncias, cesar las confrontaciones y a atender las necesidades humanitarias de la población afectada.
Desde octubre de 2021, las organizaciones denunciaron la reconfiguración de la violencia en la zona, donde grupos armados controlan las principales actividades lícitas e ilícitas de la Sierra.
Esta nueva situación ha favorecido la destrucción de bienes culturales, asesinatos de personas que apoyan a las comunidades, el control de la movilidad, el reclutamiento forzoso de menores y el desplazamiento forzado de la población, agregó la infomación.
Según la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en 2022 fueron asesinados 108 indígenas de 15 comunidades, y en 2023 la tendencia continúa.
Por eso, le piden además al Estado el cumplimiento del acuerdo de paz de 2016, en particular, al capítulo étnico y a la recién adoptada "Política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra el acuerdo de paz".
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