Procuraduría pide garantías al Gobierno Nacional por alerta financiera de las EPS

La Procuraduría General de la Nación requirió al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, para que adopte medidas técnicas y financieras que permitan garantizar la prestación de servicios de salud a los colombianos y prevenir un colapso del aseguramiento en salud.

El Ministerio Público realiza seguimiento a las razones técnicas y financieras que han desencadenado el déficit y desfinanciamiento de las entidades del sector salud, lo que conlleva un alto riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud de los colombianos. 

Debido a esto, la entidad ha instado al Gobierno Nacional para que evalúe y resuelva de manera efectiva aspectos como la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), es decir, los recursos que aseguran que los usuarios tengan el acceso oportuno y con calidad a los servicios de salud. 

En este mismo sentido, se requirió al Ministerio de Salud para que examine el monto de los recursos con los cuales se garantiza el acceso al Plan de Beneficios en Salud (PBS) estimando fenómenos como la inflación, la inclusión de nuevas tecnologías, los cambios demográficos, el aumento en la frecuencia de uso de los servicios, la asimetría en la asignación de cargas de enfermedades y la siniestralidad entre otros.

A su vez, la Procuraduría ha advertido sobre las denuncias por el pago inoportuno y la deuda que el Ministerio de Salud tiene con las aseguradoras (EPS) por concepto de servicios de salud que no son financiados con los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Por tanto, la Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social ha requerido en reiteradas ocasiones una exhaustiva revisión de la metodología con la cual se define monto de la UPC, así como de los procesos administrativos y de pago de los servicios de salud no incluidos en el Plan de beneficios en Salud (PBS). 

Finalmente, el ente de control anunció el inició de acciones disciplinarias con el propósito de investigar las posibles conductas u omisiones que contravienen la sostenibilidad y el adecuado flujo de los recursos del sector salud.