Hace 14 años, a la Ciénaga Grande los ‘paras’ la dejaron sin pescadores

María Isabel Mendoza recuerda que el día que los paramilitares cometieron la masacre, su hija, Irene Graciela, tenía apenas  45 días de nacida.

Dice que  cuando el sangriento suceso ocurrió, ya la bebé había sido bautizada y comentó que, si no lo hubiera estado, “seguramente le hubiere puesto un nombre que se identificara con la vida”.

Aunque el  recorrido de muerte de las autodefensas comenzó a las 10 de la noche del 21 de noviembre del 2000 por el caño El Clarín, en cinco lanchas que transportaban cada una 12 personas al mando de alias Andrés, jefe de la compañía ‘Walter Úsuga’, se toma la fecha del 22 de noviembre porque fue cuando más los paramilitares se ensañaron.

A las 11:30 p.m. del martes 21 de noviembre, las embarcaciones llegaron al kilómetro 13 y allí, a machete y puñal, dieron muerte a 11 pescadores. Otros 5 fueron convertidos en rehenes – guías. La idea era que los condujeran por entre los manglares.

A las dos de la madrugada llegaron a Nueva Venecia y se dividieron en grupos: mientras unos ajusticiaban a 12 hombres en la plaza de la iglesia; otros, disparaban contra las casas. Un tercer grupo saqueaba las tiendas y ventorrillos.

A las cinco de la mañana, en la retirada, dieron muerte a otros pescadores que  se transportaban en tres canoas.

Aún no perdonan

Hace dos años y medio, el Tribunal Administrativo de Magdalena le ordenó a la Nación pedir disculpas públicas a los familiares de las víctimas de esta masacre.

Según la decisión judicial, el Estado incurrió en graves omisiones al no proteger a la comunidad, pese a la existencia de serias amenazas que indicaban que grupos de paramilitares iban a arremeter.

El 11 de junio se presentaron las excusas por parte de policías y militares, pero los familiares de las víctimas no perdonaron. Dicen que no han olvidado.

El pasado 3 de julio de 2014, en Barranquilla, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, aceptó la masacre de Nueva Venecia a la que denominó “un hecho de guerra”. Dijo que fue una operación militar para controlar un territorio que había sido del dominio de la guerrilla del ELN.

Luego fue condenado a 47 años de prisión por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, que acogió el material presentado por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.

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