¡Escándalo!: ‘Cambiazos’ y talanqueras a etnoeducadores nombrados en Santa Marta

Las quejas frente a las inconsistencias en los nombramientos docentes para suplir la falta de profesionales en las instituciones educativas tanto del área rural como urbana del Distrito, parecen convertirse, con el tiempo, en una ‘bomba’ para la Alcaldía de Santa Marta.

Desde el año pasado, medios vienen registrando las ‘trabas’ denunciadas por parte de los docentes que ganan los concursos de méritos, para el nombramiento en sus plazas: acusaciones de instrumentalización política e intereses económicos ronda todo el caso.

El equipo periodístico de Seguimiento.co desarrolló una investigación en la que se evidenciaría actuaciones no solo irregulares sino ilegales, en medio del proceso de nombramiento de 61 etnoeducadores en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Son casi siete años que la comunidad venía suplicando por el nombramiento docente de estos profesionales, especializados en educación para los pueblos indígenas. Y el pasado 27 de enero parecía que todo iba por buen camino, a partir de la promulgación del decreto 011 de 2022 por parte del despacho de la alcaldesa Virna Johnson, en la que se hacía efectivo el nombramiento de los 61 etnodocentes, concertados en una asamblea con las autoridades indígenas.

Aquí va el primer hallazgo gravísimo: el cambio en el listado.

En los documentos se evidencia que, en este decreto, en la parte resolutiva efectivamente se discriminan los documentos de identidad, nombres y perfil profesional de los 61 etnodocentes aprobados por las autoridades administrativas del Distrito y de Atanasio Moscote Gil, como gobernador del pueblo Kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta.

No obstante, en ese mismo documento, en el área resolutiva, donde legalmente se hace efectivo el nombramiento, ocurrió lo que se denominaría un ‘cambiazo’.

De los 61 nombres originales, diez fueron sacados de forma arbitraria y se incluyeron nuevos nombres de docentes  que serían nombrados, y que la comunidad indígena y Moscote Gil desconocían por completo.

En el documento, incluso, se observa cómo la tipografía de este nuevo apartado es diferente a la del resto del decreto. La información discriminada no es la misma, pero eso solo es la punta del iceberg.

Inmediatamente los docentes en propiedad y las autoridades indígenas denotaron esa inconsistencia, lo hicieron saber a la Alcaldía Distrital.

11 días tuvieron que transcurrir para que la administración emitiera un nuevo documento aclaratorio, el decreto 021 del 8 de febrero de 2022, en el que señalaba que todo se había tratado de un “error de transcripción”.

El nombramiento queda en familia

Aún con las dudas que surgían frente a esta explicación. El proceso siguió adelante, se tomaron los correctivos y efectivamente fueron nombrados los etnoeducadores avalados en la Asamblea indígena.

Con todo, el equipo periodístico de Seguimiento.co encontró hallazgos en los que se evidenciaría que este ‘error’ sería menos que fortuito. En el listado de los diez nombres incluidos de forma arbitraria hay dos que son parejas sentimentales de funcionarias de la Secretaría de Educación, otra más que es la progenitora de una funcionaria adscrita a la Secretaría de Salud, y al menos otros dos, de forma pública, son militantes activos de Fuerza Ciudadana.

Esto correspondería por ejemplo a Slaytan Peñalver Polo, quien solo es bachiller académico y cuyo nombre fue ingresado para ser nombrado docente en una etnoinstitución. Es pareja sentimental de Alix Martínez, quien labora en el área de Recursos Humanos de la cartera de Educación.

Situación igual a la de Jhon Acosta León, pareja sentimental de Dolly Granados, que también trabaja en esta Secretaría.

Un tercer nombre que intentó incluirse en el ‘mico’ de este documento, corresponde a Zuleima Mercedes Díaz Rodríguez, progenitora de Sairis Molina, funcionaria de la Secretaría de Salud.

José Luis Padilla y Jhon Acosta, también anotados de forma inconsistente, son militantes y seguidores activos de Fuerza Ciudadana.

Karina Chávez, persona clave dentro del área jurídica de la Alcaldía, quien redacta documentos de nombramiento, laboró anteriormente en la Secretaría de Educación, lo que supone un conocimiento de sus procesos internos.  ¿Favores entre excompañeras?

Las represalias y el drama de los etnoeducadores

Como mencionamos anteriormente, con la promulgación del decreto aclaratorio, fueron nombrados los docentes correspondientes. Pero el drama y la vulneración a los derechos de los etnoeducadores no concluye ahí.

Una vez con su nombramiento legal, se acercaron a las instituciones asignadas para trabajar. Allí, se encontraron con que sus plazas estaban ocupadas por docentes de posconflicto, y profesionales que realizan un sinnúmero de horas extras para atender la carga académica. Otras estaban disponibles pero los rectores ratificaron su negativa a dejarlos trabajar.

Por esta situación nuevamente los docentes pidieron directamente al secretario de Educación, Antonio Peralta, de proceder con la reubicación de los docentes que ocupaban sus plazas: quienes ganaron el concurso de méritos de posconflicto deben ir a las instituciones destinadas para tal fin, y se les debe dar prioridad a los etnoeducadores, puesto que precisamente, cuentan con la acreditación profesional para desempeñarse en comunidad étnicas.

La respuesta de Peralta no fue la esperada: “Entiéndame, no puedo hacer nada”.

¿Si no es el secretario de Educación quién más puede organizar la planta docente en Santa Marta? ¿Acaso la Alcaldía no se queja una y otra vez de la presunta vulneración a su dignidad como autoridad administrativa en el Distrito? ¿Qué acciones ha tomado el gobierno samario ante las denuncias, incluso radicadas en el Concejo ante una presunta mafia de las horas extras en el sistema educativo local?

Peralta fue más allá, y les dijo a los etnoeducadores básicamente, que fueran a ‘pelear’ su plaza, y que se presentaran a las instituciones así no tuvieran carga académica ni nada que hacer.

La situación, tal como se le explicó al funcionario es mucho más compleja: los rectores han dado órdenes de no permitir el ingreso de los mismos. Algunas de las instituciones asignadas son de difícil acceso, y son más de $70.000 en transporte diario que significaría cumplir las órdenes incomprensibles del secretario Antonio Peralta.

Por si fuera poco, aunque los docentes presentaron toda su documentación legal para que sean inscritos en nómina, hasta el día de hoy no solo no están incluidos y no reciben ningún pago, sino que ni siquiera tienen seguro de salud o ARL. Si ocurre un accidente en camino a las instituciones nadie responde.

Lo más grave, es que los afectados temen que la no inclusión a nómina, que de paso es pagada por recursos del Gobierno Nacional y no del Distrito que actualmente no destina un solo rubro para el pago docente, correspondería a una represalia: la encargada de inscribir a los etnodocentes para recibir su salario es precisamente, Alix Martínez, cuya pareja fue sacada del listado de nombramiento.

Los docentes conocieron, además, que al interior de la mismísima Secretaría de Educación, señalando a la misma Martínez, se estaban realizando presiones a los rectores para que no reciban a los etnodocentes nombrados.

“Creo que lo que quieren hacer es que desistamos, y nos puedan quitar la plaza por abandono del cargo”, explican a Seguimiento.co.

Atados de manos, desprotegidos por la institucionalidad, han decidido cada mañana irse hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación, donde son mirados con indiferencia por todos los servidores públicos.

Allí, aunque no tenga validez legal, todos los días firman una planilla de asistencia con la que buscan defenderse, si el día de mañana desde la misma cartera de Educación, se orquesta una treta para hacer ‘feria’ con las plazas educativas.