Justicia de Perú analizará posible prisión preventiva contra Keiko Fujimori

El Poder Judicial de Perú analizará este lunes el pedido de prisión preventiva contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, solicitado por un fiscal anticorrupción por, presuntamente, haber vulnerado las restricciones impuestas durante la investigación que se le sigue por presunta corrupción.

El Cuarto Jurado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado dispuso que este 21 de junio se iniciará la audiencia para evaluar el pedido del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato.

El pasado 10 de junio, en medio de la tensa coyuntura postelectoral, Pérez solicitó al juez Víctor Zúñiga el regreso a prisión preventiva de Fujimori por supuestamente incumplir las normas de conducta de la resolución judicial que habilitó su excarcelación en 2020 bajo restricciones.

Según el magistrado, Fujimori infringió las reglas jurídicas impuestas mientras se le investiga por un delito de lavado de activos, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso sobre la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

El requerimiento apunta directamente a la conferencia de prensa que celebró el partido que lidera Fujimori, Fuerza Popular, poco después de la segunda vuelta electoral, en donde la polémica política presentó al abogado Miguel Torres como vocero político de su partido.

"Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales", dice el texto.

El pasado mes de marzo, tras más de cuatro años de investigaciones, Pérez pidió la apertura de un juicio oral y una pena de 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko Fujimori por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Según el proceso, la candidata habría ocultado, mediante una contabilidad ficticia, donaciones de grandes empresas, como 3,6 millones de dólares de Credicorp y un millón de la constructora brasileña Odebrecht para la financiación de sus campañas electorales.

Todo parece indicar que el juicio es inevitable, y más aún después de haber resultado perdedora de la contienda electoral presidencial, pues de haber alcanzado la Presidencia la candidata habría obtenido la inmunidad judicial en calidad de Jefa del Estado de Perú.