En Santa Marta también se movilizan por acciones violentas de la Policía

Desde las 9:00 de la mañana de este jueves un grupo denominado ‘Acción Comunitaria Contra la Violencia Policial Capítulo Magdalena’ asumió una movilización permanente por las calles de Santa Marta en contra del ‘abuso y brutalidad’ policial, que según ellos se presenta en el Magdalena, especialmente en Santa Marta.

“Manifestamos que nuestros métodos de protesta son no violentos, lo que no significa que sean pasivos; al contrario, hacemos un llamado público a la acción comunitaria y a la expresión simbólica de nuestro repudio a la acción criminal de efectivos de la fuerza pública”, señaló el grupo en un comunicado.   

Agregan que durante el periodo de pandemia se han recrudecido los síntomas de un autoritarismo que tienen por objetivo el control social, a través de la militarización de la vida civil, lo cual representa un riesgo para la institucionalidad del país, las libertades civiles y el pleno ejercicio de la democracia.

“Ponemos de manifiesto que en Santa Marta el Grupo de Acción Comunitaria Contra la Violencia Policial ha documentado 637 denuncias por hechos relacionados con la extralimitación y el uso desproporcionado de la fuerza pública, los cuales en tiempo, modo y lugar, requieren la instalación de una comisión ciudadana para el estudio y seguimiento de tales casos”, manifiestaron.

En este mismo sentido, denuncian la impunidad en el caso del asesinato de “Jhonnatan López Jurado y Yeiser Escorcia Escalante, el brutal intento de homicidio a Miguel Ángel Ariza Toncel, Gilma Patricia Olivo Peñaloza; hombres, mujeres, jóvenes samarios, todos violentados en sus derechos por la Policía Metropolitana de Santa Marta”.

Este grupo solicita la reducción del presupuesto público que se destina al funcionamiento de la Policía Metropolitana de Santa Marta, y una reorientación del gasto público en seguridad, garantizando mayor inversión a iniciativas que beneficien a los jóvenes y a las comunidades.

“Demandamos que los casos de Jhonnatan López y Yeiser Escorcia tengan un tratamiento prioritario por parte de la Fiscalía que permitan la judicialización de los responsables de estos asesinatos. Y que todos los efectivos policiales involucrados en estos asesinatos sean separados del cargo y de la institución. Proponemos el desmonte de todos los comparendos y medidas correctivas impuestas a los ciudadanos en medio de la pandemia. El Estado no garantizó medidas de alivio económico para la población, ni estructuró medidas de alivio tributario para los comerciantes, además desconoció de manera frontal la precariedad del 65% de los ciudadanos que sobreviven en la informalidad”, indicaron.   

  Este grupo exige la creación de una mesa para Derechos Humanos y convivencia, al igual, que la revisión de la política pública de seguridad; así como la implementación de los protocolos relativos al uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a fin de que en la ciudadanía pueda restablecerse la confianza que posibilite el disfrute pleno de sus libertades.