Procuraduría considera que en caso Parque Taykú se celebró contrato sin el lleno de los requisitos legales

En un extenso análisis que se realizó la mañana de este viernes en las instalaciones del centro de juzgados de Santa Marta, la Procuraduría General de la Nación consideró que los cuatro exfuncionarios de la Gobernación del Magdalena involucrados en el proceso por las obras inconclusas del Parque Taykú son responsables penales del delito de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales. 

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Dentro de los argumentos de la Procuraduría, el que mayor fuerza ha tomado es justamente que para la realización de la obra se necesitaba una licencia de construcción, la cual era un requisito "por antonomasia" para la realización del contrato y posterior proyecto. 

Tras la audiencia, Pedro Bonilla Barreto, uno de los exfuncionarios de la Gobernación involucrados en el caso manifestó que ahora le corresponde presentar todas las pruebas "que fuimos entregando tan simples como el de licenciamiento, y pueden averiguarlo: si algún proyecto del tema de parques ha tenido licencia de construcción, y no lo ha tenido precisamente a un decreto de presidencia con el fin de darle posibilidad viabilidad a proyectos de espacio público". 

"En su momento no lo hicimos para entrar en un prevaricato", comentó Bonilla dejando en claro que ningún proyecto de los enmarcados en el Plan de Recuperación del Centro Histórico (en el que había sido incluido el Taykú) lo requerían. 

Al tiempo, Bonilla dejó en claro un aspecto. "¿Por qué nunca se ha investigado el embargo  y como se llevó ese proceso y hacia donde iban destinados los recursos. Están buscando la fiebre en las sábanas". 

En la audiencia judicial, que aún continuará, Bonilla, junto a los también imputados Frank Noble Oliveros, Omar Guerrero y Sandra Rubiano Layton, exgobernadora (e) del Magdalena buscan demostrar tres cosas, según afirmaron: que que sí hubo planeación en el proyecto, que el mismo no se necesitó licencia para su realización y que la suspensión del proyecto no fue culpa de los implicados pues no estaban vinculados a la administración en la época que se embargan los recursos de la obra.