Procuraduría alerta sobre riesgo en la continuidad del PAE en el Magdalena

La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública emitió una alerta sobre el riesgo inminente de interrupción del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 35 entidades territoriales del país.

La situación crítica se debe a contratos que han vencido o están próximos a expirar, lo cual pone en riesgo la continuidad del servicio para más de 652.964 niños, niñas y adolescentes. El departamento del Magdalena se encuentra entre las regiones que enfrentan esta incertidumbre, dado que el acuerdo de suministro de alimentos a los menores finalizará en mayo.

Otras entidades afectadas son Sabaneta, Sogamoso, Zipaquirá y Cartago, donde los contratos concluyeron en marzo. Una situación similar se presenta en Amazonas, Bello, La Estrella, Soledad, Cartagena, Duitama, Florencia, Cauca, Cundinamarca, Fusagasugá, Villavicencio, Norte de Santander, San Andrés y Providencia, Barrancabermeja, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Ibagué, Cali y Valle del Cauca, donde estos terminaron en el mes de abril.

Asimismo, los municipios y departamentos de Itagüí, Bolívar, Boyacá, Casanare, Funza, Girardot, Mosquera, Nariño, Putumayo y Vichada se suman al Magdalena, ya que sus contratos también expiran en mayo.

Estos datos fueron recopilados a partir de informes proporcionados por funcionarios de las entidades territoriales, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), así como por procuradurías y personerías, quienes realizaron visitas y trabajos de campo para obtener información precisa sobre esta problemática.

Frente a este preocupante panorama, el despacho de la Procuraduría Delegada solicitó información a las autoridades respectivas sobre el estado y/o avance de los nuevos procesos contractuales, recomendando que los contratos que se suscriban garanticen la prestación del servicio por lo que resta del calendario escolar para evitar riesgos de interrupción.

Además, el ente de control requirió a las entidades las razones operativas, técnicas y jurídicas por las cuales, en los casos en los que los contratos expiraron, aún no se ha iniciado el proceso correspondiente.