Magdalena en la mira de la Contraloría: $17.394 en hallazgos fiscales tras auditoría

La Contraloría General de la República determinó presuntos hallazgos fiscales por $17.394 millones tras una Auditoría de Cumplimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) en los componentes de Educación, Programa de Alimentación Escolar (PAE) e Infraestructura Educativa en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, correspondientes a la vigencia 2024.

El informe, adelantado por la Contraloría Delegada para el Sector Educación, reveló que uno de los principales hallazgos se relaciona con la Institución Educativa Departamental Agropecuario Mitsilou Campbell, en el municipio de El Banco, la cual se encuentra abandonada.

Según el ente de control, la infraestructura inconclusa y en progresivo deterioro configura un daño patrimonial por $9.150 millones, debido al incumplimiento del servicio contratado y la pérdida de los recursos invertidos.

La situación se atribuye a reiterados incumplimientos del contratista y a deficiencias en la gestión contractual del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), que no habría garantizado la culminación del proyecto ni adoptado medidas efectivas frente a los riesgos financieros, pese a las suspensiones y mesas de seguimiento. También se evidenció falta de control por parte de la Gobernación del Magdalena como entidad beneficiaria.

En el caso de Santa Marta, la auditoría examinó el Convenio RE ESAL 004-2024, suscrito para el apoyo y desarrollo de las Fiestas del Mar rumbo a los 500 años de la ciudad. Aunque el contratista reportó una ejecución del 100 %, la Contraloría advirtió que no existe suficiente evidencia documental que respalde el cumplimiento total del objeto contractual. Por ello, señaló un posible hallazgo fiscal por $5.206 millones, originado en presuntas fallas de seguimiento técnico, administrativo y financiero por parte de la Secretaría de Cultura Distrital.

Otro de los hallazgos corresponde al pago de salarios y prestaciones a nueve docentes de planta con permiso sindical permanente, financiados con recursos del SGP – Prestación de Servicios Educativos. Según el informe, durante 2024 estos docentes no habrían desempeñado funciones propias del cargo, lo que habría generado un detrimento patrimonial por $818 millones, al no aplicarse criterios de necesidad, oportunidad y razonabilidad, además de evidenciar debilidades en el control de nómina.

Asimismo, en la revisión del Contrato 0792 de 2024 del PAE en el Magdalena, el ente de control encontró pagos por intereses sin soportes que los justifiquen y movimientos bancarios por $1.000 millones en la cuenta de la Unión Temporal PAE Magdalena sin documentación clara. La interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, encargada de supervisar los aspectos financieros, no habría hecho mención de estos pagos. Estas irregularidades representarían un presunto detrimento adicional por $1.520 millones.

La Contraloría anunció que continuará con el seguimiento a las acciones correctivas que deberán adoptar el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, con el fin de subsanar las falencias detectadas y fortalecer la gestión financiera y administrativa en beneficio de la comunidad.