Elecciones en medio de las balas: el duro informe del panorama electoral en Magdalena

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre un panorama de “estabilidad condicionada” en el departamento del Magdalena de cara a la jornada electoral prevista para el 8 de marzo, tras participar en Santa Marta en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.

Durante el encuentro, la entidad expuso los principales riesgos identificados para el desarrollo de los comicios en el departamento y presentó una serie de recomendaciones a las autoridades competentes. 

Según el monitoreo realizado, la aparente calma en el territorio estaría marcada por la gobernanza armada ilegal y el control social ejercido por estructuras como el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el ELN y disidencias de las extintas Farc. 

La Defensoría alertó sobre obstáculos a las campañas políticas y el riesgo de que actores armados ilegales intenten incidir en la representación política, especialmente en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), mediante amenazas, estigmatización, coacciones y hechos de violencia.

Entre los cinco principales riesgos para el proceso electoral en Magdalena, la entidad identificó: posible infiltración y financiación ilícita de candidaturas; coacción y control social que limiten la pluralidad y orienten el voto; interferencias en actividades proselitistas a través de extorsiones, restricciones de movilidad y control territorial; amenazas digitales contra candidaturas, liderazgos y observadores; y riesgo de corrupción electoral, incluida la compra de votos y la presencia de actores armados para favorecer campañas.

Asimismo, la Defensoría señaló la especial vulnerabilidad de mujeres, población LGBTIQ+, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, así como de candidaturas, servidores públicos con funciones electorales y personas defensoras de derechos humanos, quienes enfrentarían mayores niveles de presión y violencia política, particularmente basada en género.

En el caso del Magdalena, la entidad informó que ha emitido una Acción Urgente para Santa Marta y una Acción Prioritaria que cobija a 29 municipios, entre ellos Ciénaga, Fundación, El Banco, Zona Bananera, Plato, Pivijay, Aracataca y Santa Ana.

De acuerdo con el balance presentado, entre octubre de 2025 y enero de 2026 se registraron 11 amenazas contra candidaturas y autoridades electas, dos homicidios de personas defensoras de derechos humanos y 16 quejas por afectaciones a derechos políticos, principalmente en Santa Marta.