Relleno sanitario: “Alcaldía creó un daño que ellos mismos deben salir a reparar”

Un fallo del Consejo de Estado que tumbó el acuerdo del Concejo que creó el relleno sanitario de Santa Marta en el año 2004, tiene a la capital del Magdalena botando la basura, literalmente, en un parque distrital que, según el POT vigente, debería ser protegido y conservado ambientalmente.

Ante la magnitud de este despropósito ambiental, el Concejo de la ciudad citó el pasado viernes a los actores que tienen que ver con este tema para darse luces sobre las implicaciones de esto y cuál sería el ‘plan b’ de Interaseo, concesión encargada de darle manejo a 500 toneladas de basuras que produce la ciudad a diario, en caso de que el relleno sanitario de Palangana tenga que ser cerrado.

La posición de Interaseo -que es la misma que se ha mantenido de manera institucional, incluyendo a la alcaldesa- es que el fallo del Consejo de Estado afectó el acuerdo que en su momento aprobó el Concejo de Santa Marta, pero no tocó la licencia ambiental que, posterior al acuerdo, emitió la entidad Corpamag, y con la cual el relleno sanitario mantiene su vigencia hasta el año 2022, fecha en la que vencerá la licencia.

Asimismo, la directora de Interaseo, Yolanda González, dijo que prácticamente no había otra alternativa que seguir usando el mismo relleno, pues las únicas opciones, ante un eventual cierre, serían el relleno sanitario de Ciénaga o de Aracataca, pero ninguno de estos dos tiene la capacidad operativa para recibir las basuras. La tercera opción, que podría ser Barranquilla, no resulta financieramente viable por la lejanía.

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Seguimiento.co habló sobre esta difícil situación ambiental con Álvaro José Henao Mera, académico de la especialización de Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario y consultor en estos temas, sobre cuál es el panorama al que se ve enfrentado Santa Marta a raíz del fallo del Consejo de Estado que devolvió el uso de suelo de ‘parque distrital’ al Dumbira y, por tanto, dejó de tener uso de suelo de relleno sanitario. El experto planteó las siguientes dificultades.

“La Alcaldía creó un daño que tiene que salir a reparar”

En síntesis de lo que ocurrió, Henao contextualiza que cuando Santa Marta creó el parque Dumbira en el año 2000, en virtud del POT (el cual sigue vigente), determinó que estos suelos deberían ser de protección para la “educación, investigación ambiental y turismo, y les dio una característica especial en virtud del tema distrital de conservación ambiental a ese parque”.

De manera posterior, en 2004 revocaron esta decisión y determinaron que estas 50 hectáreas de parque dejaban de tener la connotación de parque y se volvían de relleno sanitario. Fue, precisamente, el acuerdo que amparó este cambio el que el Consejo de Estado tumbó, por lo que el uso de suelo volvió a ser el de un parque distrital.

“El problema es que la Alcaldía misma es la que tiene que verificar que todas las operaciones o las actividades, con su Secretaría de Planeación, vayan a favor de los usos compatibles del suelo; luego si la Alcaldía es la encargada de eso y no está verificando que se hagan usos compatibles del suelo, incurre en error”.

El experto fue enfático en decir que “La alcaldía no es la encargada de verificar la legalidad de la licencia ambiental, ni le importa la legalidad de la licencia ambiental. Lo que le importa es que las actividades que se desarrollen en su territorio sean compatibles con el uso del suelo. Esa es su facultad”.

En 2022, Corpamag no podría renovar la licencia del relleno sanitario

El otro gran inconveniente que, según el experto, afronta Corpamag es el hecho de que la licencia ambiental que dio, que se presume operó de manera legal, ahora se enfrenta a “un hecho sobreviniente. Cuando el magistrado declara la nulidad del acuerdo, automáticamente el uso de suelo deja de ser incompatible”.

“La licencia ambiental, a pesar de estar legalmente expedida, encuentra un inconveniente para su operación y es que en ese uso de suelo no lo puede hacer, y ahí automáticamente habría razones suficientes para que, a pesar de que el magistrado no haya declarado la nulidad de la licencia, sí se pueda generar un inconveniente”, agrega.

Según el experto, en estos momentos Corpamag se mueve en una zona gris, pues en Derecho Ambiental, la licencia se encuentra en constante evaluación y podría ser modificada o anulada si se tratara de razones de la naturaleza.

“Corpamag tendrá que entrar a determinar si aún en ausencia de un uso compatible, la licencia podría seguir operando. Eso es una tensión frente al hecho de que la licencia nació legal, y si a Corpamag le compete hacer una revisión de la licencia por factores que no son netamente ambientales”, explica el experto.

Sin embargo, la autoridad ambiental sí se verá enfrentada a una gran dificultad en el año 2022, fecha en la que termina la licencia ambiental. Teniendo en cuenta que el contrato de Interaseo va hasta 2027, muy probablemente la concesión va a pretender que le renueven la licencia ambiental por cinco años.  

“En 2022 se van a enfrentar en un problema legal, pues para la renovación, deben volver a presentar algunos papeles, y uno de esos es que el uso del suelo sea compatible. Van a encontrar que el uso no es compatible y le tocará frenar esa renovación”, sentenció el experto.