Procuraduría pide suspender millonario contrato de la desalinizadora de Santa Marta

La Procuraduría General de la Nación inició un proceso de vigilancia preventiva superior sobre el procedimiento contractual CMA 001-2025, adelantado por la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR), para la construcción de una solución integral de abastecimiento de agua potable mediante desalinización.

La actuación del Ministerio Público se da tras una solicitud presentada por Germán Calderón España, coordinador del Equipo Dorado del Empalme Anticorrupción del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, quien había pedido revisar el proceso por posibles riesgos relacionados con la planeación, transparencia y protección de los recursos públicos.

El contrato, estimado en aproximadamente $786.000 millones, contempla el diseño, construcción, suministro, instalación y puesta en marcha de una planta desalinizadora, además de infraestructura de almacenamiento y distribución, con un plazo proyectado de 60 meses.

Dentro de la vigilancia preventiva, la Procuraduría advirtió posibles situaciones que podrían comprometer principios como la planeación, publicidad, selección objetiva, libre concurrencia y correcta ejecución de los recursos públicos destinados al proyecto.

Uno de los puntos señalados por el órgano de control tiene que ver con la diferencia entre el proyecto declarado de importancia estratégica mediante el CONPES 4159 de 2025, que contemplaba la construcción de dos plantas desalinizadoras para Santa Marta, y el proceso actualmente estructurado por ESSMAR, que plantea una única planta con una capacidad aproximada de 630 litros por segundo y ubicación sugerida en el sector de Pescaito.

La Procuraduría también pidió explicaciones sobre la posible eliminación de la planta proyectada para Taganga, los cambios en la ubicación, la distribución de capacidades y la modificación de los beneficiarios inicialmente contemplados.

Además, el organismo solicitó a ESSMAR entregar información sobre los estudios técnicos, financieros, jurídicos y ambientales que soportan el proceso, así como las modificaciones realizadas a los documentos contractuales, los requisitos exigidos a los futuros contratistas y la justificación del modelo de contratación elegido.

Solicitud de suspensión temporal

Como medida preventiva, la Procuraduría solicitó a ESSMAR suspender temporalmente el proceso contractual mientras analiza la documentación requerida y establece si existe correspondencia entre el proyecto actualmente licitado y el aprobado inicialmente como estratégico.

La entidad deberá informar dentro de las próximas 24 horas si acoge la solicitud de suspensión o, en caso contrario, presentar las justificaciones técnicas, jurídicas, presupuestales y financieras que respalden su decisión.

La Procuraduría aclaró que la vigilancia preventiva no implica intervenir en las decisiones administrativas de ESSMAR, sino anticipar posibles riesgos que puedan afectar el patrimonio público o la ejecución adecuada del proyecto.