Contrato de la desalinizadora de Santa Marta entra en el paquete de 80 casos enviado a la Fiscalía

Durante la presentación del denominado "Libro de la Verdad", documento que recopila más de 80 presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de empalme gubernamental, el director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, reveló que uno de los hallazgos tiene relación directa con Santa Marta.

Según explicó el funcionario, el caso está relacionado con el proceso de contratación para el diseño, construcción y operación de una planta desalinizadora que comprometía recursos cercanos a los $786.000 millones del Ministerio de Vivienda, trámite que habría sido adelantado pocas semanas antes de finalizar el gobierno anterior.

"El primer caso tiene relación con la empresa de servicios públicos de Santa Marta y el proceso de contratación para el diseño, construcción y funcionamiento de una planta (...) que comprometía recursos cercanos a los 786.000 millones de pesos del Ministerio de Vivienda", afirmó Calderón durante su intervención.

De acuerdo con el funcionario, la contratación fue suspendida tras una solicitud de intervención presentada por el equipo élite anticorrupción del empalme ante la Procuraduría General de la Nación, entidad que adoptó medidas preventivas mientras se revisa la legalidad y conveniencia del proceso.

El caso fue presentado por el Gobierno Nacional como uno de los expedientes prioritarios dentro del paquete de denuncias entregado a la Fiscalía General de la Nación, junto con investigaciones relacionadas con la UNGRD, la reforma agraria, proyectos de infraestructura comunitaria y contratos de tecnología estatal.

Aunque durante la rueda de prensa no se detallaron los presuntos hallazgos técnicos o jurídicos específicos sobre el proyecto de la desalinizadora, el Gobierno sostuvo que los antecedentes recopilados durante el empalme justificaron la solicitud de intervención de los organismos de control.

Ahora serán la Fiscalía, la Procuraduría y los demás organismos competentes quienes deberán establecer si existieron irregularidades en el proceso contractual y determinar eventuales responsabilidades.