“Caicedo y Martínez tendrán que responder por $6.600 millones de los niños de Santa Marta”: Díaz Granados

Carpeta en mano, el exalcalde de Santa Marta Juan Pablo Díaz Granados viajó a Bogotá para interponer una denuncia penal en contra de sus dos antecesores, Carlos Caicedo y Rafael Martínez, para que se determinen responsabilidades en las presuntas irregularidades en la construcción de las ludotecas de Bonda y Ciudad Equidad, obras actualmente abandonadas.

Díaz Granados, quien mantiene una irreconciliable disputa política con los dos últimos mandatarios locales, dijo a través de Twitter que tanto Carlos Caicedo como Rafael Martínez “tendrán que responder por los $6.606.472 millones que, a juicio de la Contraloría, fueron dilapidados en perjuicio de los niños más vulnerables de Santa Marta”.

Los argumentos que sustentaron la denuncia de Díaz Granados reposan en el reciente informe de auditoría en el marco de un control excepcional que practicó la Contraloría General de la República sobre más de una decena de obras contratadas por los dos últimos alcaldes de la ciudad.

Algunas de las obras que prendieron más las alarmas fueron precisamente las ludotecas de Bonda y Ciudad Equidad, las cuales debieron ser puestas al servicio de la población infantil de estos barrios hace tres años, pero que “están en completo abandono”, como lo afirmó el ente de control fiscal en su informe.

La obra tuvo un valor cercano a los 7 mil millones de pesos y actualmente solo se encuentran instaladas unas estructuras que con el paso del tiempo se han ido deteriorando al punto de ser prácticamente inservibles.

Tal como lo informó Seguimiento.co en su momento, la Contraloría evidenció 6 grandes conclusiones que dejaban ver la grave situación en la que se encuentran estas obras actualmente:

1. Las obras se encuentran inconclusas e incompletas. Para el caso específico de Bonda, las obras realizadas se encuentran en estado de abandono y constante deterioro.

2. El contrato de obra está suspendido hace más de 1 año y no existe certeza del momento de reinicio del contrato.

3. Por lo evidenciado por la CGR y considerando que al contratista le han girado el 88% de los recursos del contrato, es posible que el proyecto requiera de nuevas inversiones para ser funcional. 

4. El distrito de Santa Marta no cuenta con una solución técnica, jurídica y financiera para su culminación. Lo anterior, con base en las razones que justificaron la última suspensión del contrato.

5. Inobservancia de las normas técnicas de sismo resistencia: las obras construidas no cumplen con la norma de sismo resistencia NSR 10 y, por lo tanto, no son viables.

6. Inobservancia de las normas urbanísticas: las construcciones desarrolladas en Bonda (CDI y ludoteca) no cuentan con licencia de construcción que las autorizara. Así mismo, el predio en donde se ejecutaron es de propiedad de la acción comunal.